La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación que presentó el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Angel María Villar, contra Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes y ante el que se había querellado por los delitos de prevaricación y revelación de secretos.
Villar se querelló contra Cardenal, pero fue sobreseída a finales de abril por el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, lo que motivó que el máximo responsable del fútbol español apelase esta decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid. Sin embargo, este tribunal tampoco ha dado la razón al dirigente, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, y la querella ha quedado definitivamente archivada. «Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación de Angel María Villar contra el auto del Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, confirmando la citada resolución y declarando de oficio las costas de esta alzada», indica el auto. En cuanto al delito de prevaricación de funcionario público, los jueces de la Audiencia Provincial dictaminan que «los hechos que sirven de base a la querella formulada no revisten los caracteres del delito de prevaricación administrativa», subrayando que las actuaciones realizadas por Cardenal «ni son ilegales» y que tampoco «existe una falta absoluta de competencia o la omisión de trámites esenciales» y que «no ha ocasionado un resultado materialmente injusto». El auto indica que el presidente del CSD no eludió «en ningún momento el control de los actos administrativos» ni actuó «a espaldas» de Villar, y que su petición al Tribunal Administrativo del Deporte de incoar expediente al mandatario federativo «en modo alguno puede considerarse, per se, como un acto prevaricador», recordando que será el TAD el que deberá decidir. En cuanto al supuesto delito de revelación de secretos, el tribunal señala que «es muy difícil apreciar que los datos supuestamente revelados» por Cardenal pudiesen «conceptuarse como secretos». «Pero es que ni tan siquiera podrían calificarse como sensibles o reservados, en tanto que todos ellos están estrictamente vinculados a su cargo como presidente de la RFEF, organismo de carácter público», enfatiza. Del mismo modo, aclara que los datos revelados a la prensa por parte del dirigente del Consejo tampoco se le pueden imputar «sin más» y que además sus declaraciones «serían supuestos de ejercicio de la libertad de expresión e información».
