El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha notificado a Facua Córdoba que ha dado traslado «a la Comisión Estatal prevista» por ley de su denuncia al Córdoba CF por «venta irregular de entradas y deficiencias en el control de acceso» para un partido de su filial.
Así lo ha indicado la organización de consumidores en una nota en la que ha afirmado que «el CSD ha dejado en evidencia la actuación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en relación la denuncia presentada» por Facua con motivo de «las irregularidades detectadas» durante un partido de Segunda B disputado por el filial del Córdoba y el Real Jaén, que se celebró en Lucena (Córdoba) el pasado 11 de septiembre. Según la asociación, Facua «ha recibido un escrito» del subdirector general de Régimen Jurídico del Deporte, Ramón Barba, en el que se informa de que «tras la denuncia realizada por la asociación, y que la RFEF decidió ignorar y no investigar, dicho expediente se ha trasladado a la Comisión Estatal prevista en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el Deporte y sus normas de desarrollo». Una norma que «podría ser de aplicación sobre los hechos denunciados». Facua ha lamentado que la RFEF haya «incumplido lo que señala la Ley» 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, en la que le «obliga a dar traslado de una denuncia al órgano competente debido a la colaboración que tiene asumida con la administración en el caso de que escape de sus competencias». La asociación advirtió el pasado día 30 de noviembre al CSD de la «inacción» de la Federación, que es la organizadora de los partidos de fútbol de Segunda B, «negándose a aplicar la potestad disciplinaria que le otorga la Ley», además del propio Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol. Para concluir, Facua ha apostillado que «la Junta de Andalucía ya anunció que abría expediente sancionador al Córdoba CF por la venta irregular de entradas, las cuales carecían de cualquier tipo de numeración o registro, como establece la ley». El Gobierno autonómico «ha procedido conforme a lo establecido en la Ley 13/1999, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía en una resolución firmada por la delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Rafi Crespín», según ha expresado la organización, que valoró el hecho «positivamente».
