La Fiscalía de Sevilla ha solicitado cinco años de cárcel para el exconsejero delegado del Real Betis Luis Oliver por causar presuntamente un perjuicio económico de 1.090.754 euros al club en relación, entre otros aspectos, a los traspasos de los jugadores Mehmet Aurelio y Sergio García.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide para Luis Oliver cinco años de prisión y el pago de una multa de 6.000 euros por un delito continuado de apropiación indebida en concurso con un delito de falsedad continuada en documento mercantil. Asimismo, y en este escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la Fiscalía interesa que Oliver indemnice al Betis en la suma de 1.090.754 euros de manera solidaria junto con los otros seis acusados en este procedimiento, como son los expresidentes del Betis José León y Jaime Rodríguez-Sacristán, y los empresarios José Angel Mayayo, José María Gálvez, Isabel Escrig y Plácido Robla. En este sentido, el Ministerio Público reclama cuatro años de cárcel para José León; nueve meses de prisión para Rodríguez Sacristán; dos años de cárcel para José María Gálvez y Miguel Angel Mayayo; un año y medio para Plácido Robla, y, por último, un año de cárcel para Isabel Escrig. LOS HECHOSLa Fiscalía relata que Luis Oliver fue nombrado en julio de 2010 consejero del Betis «al ser en principio propietario» de las acciones del club que Manuel Ruiz de Lopera había «enajenado» a la sociedad Bitton Sport, propiedad de Oliver, de manera que, «desde su nombramiento como consejero actuó como administrador de hecho» del club.
«Actuando como tal administrador y con ánimo de obtener un beneficio económico», el Betis decidió traspasar a Mehmet Aurelio al Besiktas turco, de manera que Luis Oliver, «con la connivencia» de José León y de José María Gálvez y José Angel Mayayo, «hicieron aparecer» como intermediario de la operación de traspaso a una empresa a la que abonaron 354.000 euros. Al mismo tiempo, el Betis decidió el traspaso de Sergio García al Español y abonó 590.000 euros a otra empresa pese a su «inexistente» mediación y «no obstante la falta de verdadera intermediación de personal ajeno al Real Betis», todo ello con la participación de Luis Oliver «con la connivencia» de José León, «que sabía la prácticamente inexistente mediación». En su escrito, la Fiscalía relata otros hechos y apunta que José León, «siguiendo las instrucciones» de Oliver y «en connivencia» con la también acusada Isabel Escrig, suscribieron con una empresa administrada por ésta última un contrato de prestación de servicios de gestión y asesoramiento por el que, a cambio de dichos servicios, el Betis pagaría 41.300 euros mensuales. «TESTAFERROS»De este modo, dicha mercantil cobró un total de 146.200 euros, hasta diciembre de 2010, «sin que los servicios prestados justificasen tal alta remuneración», ya que «las costas laborales de dicha prestación de servicios más gastos solo ascienden a 52.566 euros en total», pues «la gestión y administración también siguió llevándose por empleados» del Betis.
«Los pagos se efectuaron con el consentimiento del acusado José León aún a sabiendas de la falta de prestación de servicios», asevera la Fiscalía. Para finalizar, el Ministerio Público señala que Luis Oliver, «con ánimo de conseguir beneficio y actuando como administrador de hecho del Betis», consiguió que Rodríguez Sacristán, como presidente del club, firmara el 5 de octubre de 2010 con una mercantil controlada por Oliver «a través de testaferros» un contrato de mantenimiento de las instalaciones del club y dirección y gestión del personal por el que el Betis pagaba 5.280 euros mensuales «a sabiendas» de que dicha mercantil «no iba a realizar función alguna». Así, el Betis «pagó por los no prestados servicios» un total de 27.614,02 euros los meses de octubre y noviembre de 2010, «suma de la que se aprovechó» Luis Oliver.
