Copa Libertadores

Las inquietantes contradicciones políticas en vísperas del fallido River-Boca

La propuesta para que haya visitantes en los estadios derivó en una guerra de intereses y de declaraciones entre autoridades de la Nación y de la ciudad de Buenos Aires

Las inquietantes contradicciones políticas en vísperas del fallido River-Boca
River-Boca RT

La superfinal, la final del siglo, el partido de clubes más importantes de la historia, fueron algunos de los nombres con los que fue presentada la definición de la Copa Libertadores entre River y Boca. Una final fallida, no solo por la violencia desatada en las inmediaciones del estadio Monumental, sino por las idas y vueltas políticas y las contradicciones de los más altos funcionarios que generaron un aporte al desconcierto, según recoge Gastón Monjes en rt.

No bien comenzó noviembre, cuando el clásico ya era una realidad, llegó la primera declaración y quien la hizo fue el presidente Mauricio Macri: pidió que el público visitante pudiera asistir a los estadios, algo que desde mediados de 2013 no ocurre en la ciudad de Buenos Aires.

La prohibición fue decidida en aquel momento por el Gobierno que encabezaba Cristina Fernández de Kirchner y abarcó a todo el país, aunque tuvo algunas excepciones recientes, como en la provincia de Buenos Aires, donde algunos partidos cuentan con las dos parcialidades.

Sin embargo, esta medida no importó y Macri instó a los responsables de la Nación y de la ciudad de Buenos Aires a buscar una solución. «Nosotros estamos listos», fue la primera opinión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. De inmediato, agregó que estaban dadas las «condiciones» para «garantizar el partido en paz», pese a la negativa de los clubes.

«Estamos preparados como país, veremos si los clubes entienden que esto es importante y aceptan este planteo que les llevamos, pero ellos son los que tienen que decir cómo jugar», expresó. Rápidamente llegaron las críticas, pero Bullrich redobló la apuesta: «Es una discusión del mundo del revés: el presidente dice ‘la Argentina está preparada para tener un partido normal a nivel internacional’ y todo el mundo le salta a su yugular cuando está planteando un avance institucional para el país».

«Imagínense que vamos a tener un G20, ¿no vamos a poder dominar un partido River-Boca?», aseveró.

Pese al entusiasmo del Gobierno nacional por mostrar una imagen de ‘normalidad’ al mundo, los primeros en mostrarse reacios a la presencia de público visitante fueron las autoridades de la ciudad de Buenos Aires. Y no por una pelea partidaria, ya que ambas administraciones están a cargo del PRO, con la alianza Cambiemos a nivel nacional.

«No es factible un River-Boca con visitantes», fue la respuesta inicial del ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, quien no quería descuidar la seguridad de los habitantes del distrito y así lo dejó claro: «Mientras haya un solo vecino de la ciudad en riesgo, la decisión va a ser la misma».

Pero Bullrich quería otra cosa. «Estos partidos del certamen continental revisten un carácter excepcional, por lo cual estas decisiones no generarán modificaciones en el ámbito local», anunciaron desde la cartera a su cargo. La ‘guerra’ de intereses ya estaba declarada

Con estas contradicciones comenzó el diálogo entre ambas administraciones y pese a no estar de acuerdo, Ocampo debió resignarse: «Habrá 4.000 visitantes».

El Gobierno nacional parecía haber ganado la batalla, pero tuvo que enfrentar una nueva oposición, más férrea aún, al pedido de jugar la final de la Libertadores con público visitante: la de los clubes.

Solamente dos días después de la propuesta de Macri, Rodolfo D’Onofrio, titular de River, manifestó: «No nos da la capacidad del estadio». Daniel Angelici, presidente de Boca y uno de los principales allegados al jefe de Estado, sumó: «Para darle 4.000 localidades a River, tengo que dejar 4.000 socios afuera. Y además tengo que dejar un pulmón entre la tribuna visitante y la de Boca. No puedo poner ni a la venta esas 4.000 entradas».

Una vez que quedó descartada la propuesta de Macri, parecía que todo se centraba en lo deportivo. Pasó la primera final, en La Bombonera, con un empate 2 a 2 tras la postergación de un día por un diluvio y llegó, el sábado último, el momento de la revancha en el Monumental. El estadio estaba lleno desde varias horas antes, salvo por un hueco en una de las tribunas, lugar que habitualmente ocupa la barra brava. Los violentos no estaban.

El viernes último había sido allanada la vivienda del jefe de la barra riverplatense, Héctor ‘Caverna’ Godoy, en la localidad bonaerense de San Miguel. Allí, la Policía había secuestrado talonarios con 300 entradas, más de 10 millones de pesos (equivalente a unos 266.000 dólares) y 15.000 dólares.

La respuesta fue el ataque al micro de Boca, que derivó en la postergación del partido del sábado para el domingo, cuando otra vez fue aplazado sin fecha definida. Algo que tal vez pueda definirse en la reunión que los presidentes de ambos clubes tendrán con las autoridades de la Conmebol este martes en Paraguay.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, asumió la responsabilidad de su administración en el armado del operativo de seguridad: «La responsabilidad del operativo es de la Policía de la ciudad, donde colaboraron fuerzas federales». Aunque también hubo una aclaración: la esquina de la emboscada «era responsabilidad del anillo 3, de Prefectura». Es decir, estaba a cargo de la gente de Bullrich, quien desde el sábado está en silencio.

En consecuencia, la superfinal, la final del siglo, el partido de clubes más importante de la historia, se convirtió en una guerra, por la violencia de los hinchas y por los dardos cruzados entre funcionarios. Una interna que aún no ha terminado.

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