El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia el 2 de noviembre sobre las demandas de los condenados en el ‘caso Lasa-Zabala’

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, dictará sentencia el el próximo martes sobre las demandas presentadas por el ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y el resto de condenados por el secuestro y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, cometidos en 1983.

Tanto Rodríguez Galindo como el ex gobernador civil de Guipúzcoa José Julián Elgorriaga, y los ex guardias Angel Vaquero, Felipe Bayo Leal y Enrique Dorado Villalobos acudieron al tribunal europeo invocando que las sentencias condenatorias del Supremo y la Audiencia Nacional vulneraron los puntos 1, 2 y 3 del artículo 6 de la Convención Europea de Derechos del Hombre, que recogen el derecho de defensa, a un juicio justo y a la presunción de inocencia.

El Tribunal Supremo confirmó en julio de 2001 la sentencia de la Audiencia Nacional y condenó 75 años de cárcel a Galindo y Elgorriaga; a 73 años a Vaquero, y a 71 años y 8 meses a Bayo y Dorado, por la detención ilegal y el asesinato de los dos presuntos terroristas, cuyos cuerpos aparecieron en 1995 en un depósito municipal de Alicante.

Elgorriaga fue gobernador civil de Guipúzcoa entre 1982 y 1987 y delegado del Gobierno en el País Vasco entre 1987 y 1989, mientras que los otros cuatro recurrentes ocuparon diferentes cargos en la Guardia Civil en el momento en que se produjeron los hechos.

EL TC RECHAZO SUS RECURSOS

En julio de 2002 el Pleno del Tribunal Constitucional acordó por 7 votos a 5 desestimar los recursos de amparo presentados por los condenados, al entender que ni el Supremo ni la Audiencia Nacional vulneraron sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías y a ser juzgados por un tribunal imparcial.

La sentencia firme del Supremo aumentó en cuatro años las penas impuestas a los cinco condenados por la Audiencia Nacional, al aplicar la agravante de que se prevalieron de su condición de funcionarios públicos en los delitos de detención ilegal.

Según el alto tribunal, los cinco condenados participaron en el secuestro de Lasa y Zabala, que desaparecieron en Bayona (Francia) en 1983, y en su posterior asesinato. Los cuerpos de ambos fueron descubiertos en Bussot (Alicante) dos años más tarde y permanecieron sin identificar hasta 1995 en un depósito de cadáveres.

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