Los consejeros de empleo de las comunidades se han manifestado satisfechos con la voluntad del Gobierno de reformar las políticas activas de empleo en consenso con las administraciones autonómicas que les ha transmitido el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, aunque han considerado que el calendario, que prevé que la reforma esté concluida en enero, es ajustado.
Por otro lado, los consejeros han acogido positivamente las líneas generales de la reforma esbozadas por Gómez, que responden a la demanda de las administraciones autonómicas de que los programas que se acuerdan para el ámbito nacional sean lo suficientemente flexibles para responder a las demandas particulares de las comunidades autónomas.
La consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, Paloma Adrados, ha agradecido al ministro el compromiso adquirido en el seno de la reunión de contar con las comunidades autónomas en la reforma de las políticas activas de empleo y convocar una reunión sectorial próximamente.
Sin embargo, se ha manifestado «preocupada» por contar con un calendario que considera «apretado». No obstante, ha asegurado que todas las comunidades autónomas van a poner de su parte para progresar y «tomar el guante» que les ha lanzado el ministro.
Adrados ha solicitado además reformas estructurales y ha señalado que las políticas activas de empleo no sirven para generar puestos de trabajo. «Estamos absolutamente dispuestos a sentarnos a trabajar en esta reforma de las políticas activas, pero demandando al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero las reformas estructurales que son necesarias para que los 4,5 millones de parados con los que cuenta España puedan volver a tener un empleo», ha declarado.
«COMPROBAR LA LETRA»
«Me gusta la música, pero ahora tenemos que comprobar la letra», ha señalado el consejero murciano, Constantino Sotoca, sobre la propuesta del ministro, que también a su juicio cuenta con un calendario «muy ambicioso». «Llevamos más de tres años y medio abordando sin éxito las políticas activas de empleo y la primera duda que me plantea es si el Ministerio y las comunidades seremos capaces de cerrarlas en poco más de un mes y medio», ha comentado.
Por su parte, el director del Servei d’Ocupació de Cataluña, José Berbel, ha asegurado que el Ministerio «se encontrará con la mano tendida», más con el «peso» que Gómez pretende dar a las comunidades en el proceso. Preguntado por el contenido de la propuesta del ministro, Berbel ha apuntado que «va en la dirección de adaptar las políticas a las necesidades de cada territorio».
«Todos nos hemos ofrecido a colaborar y a intensificar el trabajo para cumplir con los plazos del ministerio», ha manifestado el consejero asturiano de Industria y Empleo, Graciano Torre, quien ha subrayado que la reforma permitirá atender tanto las necesidades de «comunidades industriales del norte, como a las del sur, basadas en la agricultura y el turismo».
Por su parte, la consejera de Empleo, Industria y Comercio de Canaria, María del Mar Julios, ha recordado que esta reforma está siendo demandada desde que se inició la crisis y llega «con retraso». Esta ha subrayado la importancia del consenso y la participación de las comunidades autónomas en el proceso de reforma, al tiempo que ha abogado por una mayor flexibilidad para «optimizar los recursos» y por hacer más «eficiente» el sector público.
Tanto la consejera de Extremadura, Pilar Lucio, como la consejera de Trabajo y Empleo de Castilla la Mancha, Paula Fernández, han destacado que todas las comunidades autónomas están de acuerdo en las premisas de la reforma, «independientemente del color político».
