La agencia antidopaje de Estados Unidos ha presentado cargos formales por dopaje contra el exciclista Lance Armstrong, algo que podría privarle de sus siete Tour de Francia, según confirmó este 13 de junio de 2012 el propio deportista en un comunicado.
La USADA ha presentado 15 páginas de cargos contra el deportista estadounidense en los que incluye acusaciones de que Armstrong usó la hormona EPO, transfusiones de sangre, testosterona y corticoides entre 1998 y 2011.
La consecuencia inmediata de las acusaciones de la USADA, de carácter semigubernamental, es la prohibición de que Armstrong participe en competiciones de triatlón, deporte que practicaba tras su retirada del ciclismo profesional.
La USADA asegura en una carta que tiene muestras de sangre de Armstrong de 2009 y 2010 que «son consistentes con la manipulación de sangre, incluido el uso de EPO y/o transfusiones de sangre», según documentos a los que tuvo acceso el diario The Washington Post, el primero que reveló el caso.
La USADA cree que Armstrong y miembros de su equipo -incluidos el doctor italiano Michele Ferrari y el que fuera director de equipo Johan Bruyneel- están implicados en una trama entre 1998 y 2011 para suministrar sustancias y técnicas dopantes.
La lista incluye al español Luis García del Moral, miembro del equipo médico de Armstrong entre 1999 y 2003, quien ya negó las acusaciones de Floyd Landis y Tyler Hamilton en las que aseguraban que su compañero de equipo se dopaba.
El pasado mes de febrero, la Fiscalía de Los Ángeles cerró sin cargos por falta de pruebas una investigación de dos años contra Armstrong por sospechas de dopaje del ciclista, el que más veces se ha subido con el maillot amarillo al podium de los Campos Elíseos.
En un comunicado hoy, Lance Armstrong se defiende asegurando: «nunca me he dopado. He completado 25 años de carrera como atleta sin ninguna mancha, he pasado más de 500 análisis de dopaje y nunca he fallado en ninguno».
Armstrong critica la falta de imparcialidad de la USADA y la «vendetta» contra su persona y asegura que las acusaciones «no tienen base» y están motivadas por testigos comprados por promesas de inmunidad y anonimato.
