LA MAYORIA DE LAS QUEJAS, RELACIONADAS CON LA FACTURACIÓN

La Defensora del Pueblo exige que la baja de una línea telefónica sea efectiva desde su solicitud

Soledad Becerril recuerda que los móviles que 'regalan' tienen la misma garantía que los abonados

La Defensora del Pueblo exige que la baja de una línea telefónica sea efectiva desde su solicitud
Soledad Becerril PD

La Defensora del Pueblo planteará en el Congreso que la baja de una línea telefónica pueda hacerse efectiva desde el momento de la solicitud, a la vez que recordará que todos los móviles, aunque los ‘regalen’, cuentan con una garantía a la que tiene derecho el usuario.

Soledad Becerril comparecerá el 16 de septiembre de 2014, en la Cámara Baja ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) encargada de la materia, para presentar el estudio ‘Telecomunicaciones: demandas y necesidades de los ciudadanos’, que recuerda también que las compañías telefónicas deben respetar la negativa de los usuarios a recibir llamadas publicitarias.

Este trabajo propone también que en las contraofertas, después de que un usuario anuncie que quiere marcharse de una compañía telefónica y ésta le haga una oferta, el cliente cuente con toda la información necesaria y, para formalizar el acuerdo, tenga que remitir la copia firmada a la compañía o responda al correo electrónico manifestando su conformidad.

La mayor parte de las quejas recibidas en la institución sobre telecomunicaciones tienen relación con la facturación y con la dificultad para dar de baja los servicios contratados.

DAR DE BAJA UN SERVICIO

Para facilitar el procedimiento de baja, el estudio propone que tenga efecto desde el momento de la solicitud, al tiempo que recomienda que se prorratee la penalización por incumplimiento del compromiso de permanencia.

En opinión de Soledad Becerril, la información que reciben los consumidores sobre los compromisos que adquieren ante los operadores debe ser «veraz».

«Los operadores deben explicar con claridad los servicios que prestan, sus costes y no poner trabas a la finalización de los contratos».

Por otro lado, destaca que es una práctica generalizada que se faciliten gratuitamente terminales móviles a los abonados, que tienen derecho a la garantía del terminal, según la legislación de consumo, así como a que el aparato sea liberado sin coste alguno, una vez cumplido lo estipulado en el compromiso de permanencia.

«El precio del aparato se ha cobrado al abonado de forma diferida, circunstancia que debe ser conocida por el cliente para que pueda defender el cumplimiento de sus derechos en este ámbito».

EL CASO DE LAS CONTRAOFERTAS

Asimismo, constata que los operadores cuando conocen la intención de un abonado de finalizar la relación contractual y tramitar un alta con otra compañía, efectúan una contraoferta que mejora las condiciones pactadas y las ofrecidas por la competencia.

«Las nuevas condiciones ofrecidas deben ser puestas en conocimiento del ciudadano de una manera comprensible y concreta, y posteriormente han de resultar efectivamente cumplidas».

En este sentido, plantea que se posponga la formalización del contrato hasta el momento en que el cliente remita la copia firmada a la compañía o responda al correo electrónico manifestando su conformidad.

«La renovación de las condiciones de los contratos, consecuencia de una contraoferta, debe constar por escrito y no admitir el consentimiento telefónico».

Asimismo, propone que se regule el uso de las grabaciones y, en todo caso, poner a disposición del ciudadano las grabaciones consentidas por él. A su juicio, el interlocutor inicial que contacta con el futuro cliente debe ser la misma persona durante todo el proceso de contratación.

PROTECCIÓN DE DATOS

En materia de protección de datos, el trabajo propone también que las compañías informen al receptor en las llamadas publicitarias sobre su derecho a conocer la fuente que ha facilitado sus datos. También, que las páginas web incluyan una sección en la que los interesados puedan ejercer el control sobre sus datos.

«Uno de los asuntos que son motivo de una mayor atención, en los últimos años, es el precio de las llamadas telefónicas a los servicios de atención al cliente de las compañías. La nueva ley insiste en el carácter gratuito de este tipo de llamadas, una vigilancia eficaz tiene que lograr su efectivo cumplimiento».

Por ello, el estudio contiene recomendaciones realizadas tras la aprobación, el pasado 9 de mayo de 2014, de la Ley General de Telecomunicaciones, y reclama que la administración vele por que los operadores de telecomunicaciones ofrezcan información «clara y suficiente» a sus clientes a la hora de facturar sus servicios.

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