Un total de 243 organizaciones pro derechos humanos, encabezadas por Human Rights Watch (HRW), firmaron este jueves, 27 de enero, una carta conjunta para pedir el boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de invierno, que comienzan el 4 de febrero en Pekín, en protesta por los abusos a los derechos fundamentales en China.
La carta dice que esos juegos se van a celebrar «en medio de crímenes atroces y graves violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno chino», y pide que se siga la actitud de países como Australia, Japón, el Reino Unido o Estados Unidos de ejercer el boicot diplomático, que supone no enviar representantes del gobierno a las ceremonias de apertura y clausura.
A las compañías que patrocinan oficialmente los juegos les critican por no usar su influencia para acabar con las violaciones de derechos humanos y no responder a los requerimientos de los activistas humanitarios en este sentido.
El Comité Olímpico Internacional es criticado por decir que no hay que mezclar deporte y políticas, cuando “el gobierno chino es el que usó los Juegos de 2008 para servir a sus intereses”, y ahora el COI “tiene una oportunidad única para empoderar a los atletas y presionar al gobierno chino a que acepte las normas internacionales”.
Al tiempo que presentan este comunicado, HRW invitó a varios activistas opositores chinos de diferentes etnias y ámbitos que en una rueda de prensa conjunta apoyaron el llamamiento al boicot y usaron el término “genocidio” para calificar lo que el gobierno chino lleva a cabo tanto en Xinjiang como en el Tíbet.
La situación de los juegos en 2022 es peor que en 2008 durante los primeros juegos olímpicos celebrados en China, pero ahora la represión se ha abatido sobre minorías étnicas o religiosas, líderes pro-democracia, periodistas y todo tipo de disidentes.
A China, también se le critica su influencia en la guerra por Ucrania entre EEUU y Rusia, al que apoyan desde la sombra por miedo a cancelar los juegos.
“Estos juegos van a ser los más problemáticos de la historia”, dijo por su parte Mei Fong, jefa de comunicación en Human Rights Watch.
