Josep Santacana es una permanente y constante caja de sorpresas.
El empresario contactó con los abogados de Arantxa Sánchez Vicario para comunicarles la retirada de la demanda de divorcio que había interpuesto hace unas semanas. ¿La razón?
Los letrados habrían exigido una documentación fiscal que Santacana no quiere aportar a la Corte de Miami. Josep y Arantxa se reunieron y pusieron fin a las hostilidades entre ellos para separarse de forma amistosa.
Todo sucedió este martes. Tras las declaraciones en televisión de Maurice Kutner, abogado de Sánchez Vicario, («Quiero saber dónde está el dinero. El señor Santacana lo sabe y cuando me lo diga, entonces recurriré a un mediador y se resolverá el caso»), los letrados de Santacana se pusieron en contacto con ellos para comunicarles que retiraban la demanda de divorcio.
Lo confirmó el abogado de Josep, Lawrence S. Katz, a Corazón TVE: «Es una decisión tomada por el cliente y es algo confidencial».
Parece ser que el empresario prefiere llevar a cabo su ruptura de una manera amistosa, un deseo que comparte con su todavía mujer ya que ella, tal y como ha anunciado este miércoles El programa de Ana Rosa, se reunió de inmediato con él y sus respectivas defensas.
Arantxa y Josep firmaron un pacto de ‘no agresión’ que implica no volver a dar declaraciones a la prensa y solucionar sus problemas lejos de los juzgados.
Por otra parte, el abogado de Santacana ha enviado un escrito firmado por su cliente en el que éste niega haber concedido declaraciones a ningún medio, en referencia a la entrevista exclusiva que la revista Hola ha lanzado este 28 de febrero de 2018.
«Lo único cierto es que me tomaron ayer unas fotografías mientras yo me encontraba andando por la calle, pero no hice declaración alguna, y ni mucho menos, les he concedido ninguna entrevista», reza el documento.
«No voy a dar ninguna entrevista, ni a hacer declaraciones, ni ahora ni más tarde. En el supuesto de que Uds. mantengan en su edición que yo les he concedido una entrevista, hecho que es incierto, me veré en la obligación de interponer las acciones legales pertinentes»
