Siempre que se habla del futuro de la sanidad pública en España se cita al envejecimiento de la población como el principal desafío que deberán afrontar las autoridades. Pero lo cierto es que tan importante como la evolución demográfica es el problema de la obesidad. Según un informe de la OCDE, en nuestro país uno de cada seis adultos es obeso y más de uno de cada dos tiene sobrepeso. Unas cifras que superan el promedio del conjunto de países industrializados. E igualmente preocupante es el hecho de que las tasas de sobrepeso infantil son altas también en comparación con otros miembros de la OCDE, ya que el 26% de los varones y el 24% de las niñas tiene sobrepeso, frente al 23% de niños y 21% de las niñas de promedio en los países de la OCDE.
El aumento de la obesidad en España está provocando un incremento en los ataques del corazón, enfermedades del hígado, diabetes y cánceres relacionados con el estilo de vida sedentario. Y todo ello tiene un coste directo que el libro ‘Costes sociales y económicos de la obesidad y sus patologías asociadas’ estima que equivale al 7% del gasto total del Sistema Nacional de Salud.
Pero eso es ahora porque si la obesidad va en aumento, los gastos para la sanidad pública lo harán también. Según un estudio de la Duke-NUS Graduate Medical School de Singapur, publicado en la revista Pediatrics, un niño que es obeso a los 10 años generará a lo largo de su vida más de 13.000 euros más en gastos médicos que un niño de peso normal que se mantenga en él a lo largo del tiempo. Los autores aclaran en el estudio que estos no incluyen los gastos indirectos de la obesidad:
Las investigaciones han demostrado que, en trabajadores a jornada completa, los costes indirectos, incluyendo el absentismo y la falta de productividad laboral, suponen el 59% de todos los gastos asociados al problema.
El problema económico de la obesidad no se circunscribe únicamente a España. Según un estudio reciente del McKinsey Global Institute titulado ‘Overcoming obesity: An initial economic analysis’, más de 2.100 millones de personas -casi el 30% de la población mundial- son obesos o tienen sobrepeso. Esta cifra es casi dos veces y media el número de personas que padecen de desnutrición. De continuar esta tendencia, en 2030 la mitad de la población mundial será obesa o tendrá sobrepeso.
El informe estima que el impacto económico de la obesidad a nivel global es del 2,8% del PIB mundial, el mismo que el de problemas como el tabaquismo, el terrorismo o la violencia armada. En los países desarrollados, el problema de la obesidad supone entre el 2% y el 7% de los gastos totales de los sistemas de salud. En España, como se ha visto antes, supone el 7% de los pagos, lo que coloca a nuestro país en una situación particularmente grave entre el conjunto de naciones desarrolladas.
Estas estimaciones no incluyen, sin embargo, los costes derivados del tratamiento de las enfermedades asociadas con la obesidad. Según el estudio de McKinsey, su inclusión podría elevar la factura de la obesidad hasta el 20% del total de gastos de los sistemas nacionales de salud. También indica que hay cada vez más pruebas de que la productividad de los trabajadores se reduce debido a la obesidad, lo que compromete la competitividad de las empresas.
Para tratar de resolver el problema, varios países han recurrido a la fiscalidad. Dinamarca implantó en 2011 un impuesto sobre las grasas. Francia, después, puso una tasa sobre los refrescos azucarados y edulcorados, como han hecho también México o Colombia. Hungría y Ecuador, por su parte, optaron por un impuesto sobre la ‘comida basura’. Y el Reino Unido está considerando la posibilidad de introducir gravámenes similares a los anteriores. Los primeros estudios para medir el impacto de estas medidas indican, sin embargo, que es limitado. Un artículo publicado por investigadores de la Universidad de Alberta (Canadá) en el The Journal of Consumer Affairsen sugiere, en cambio, que los etiquetados que advierten que un producto tiene, por ejemplo, un alto contenido de grasas saturadas, son más efectivos que los impuestos a la grasa.
Por su parte, el informe de McKinsey indica que la educación y la responsabilidad personal son elementos críticos de cualquier programa para reducir la obesidad, pero no basta con ello, por lo que pide la introducción de cambios en el entorno y en las normas sociales. Entre sus recomendaciones se incluyen la reducción del tamaño de las porciones de alimentos envasados y comida rápida, cambios en las prácticas de marketing y modificaciones en las actividades físicas curriculares en los colegios.
Otras medidas que el informe considera con una relación coste-efectividad muy alta son, por ejemplo, la creación de facilidades y el estímulo por parte de las autoridades locales para utilizar la bicicleta como medio de transporte, promover y subvencionar la alimentación saludable en los colegios, la eliminación de las máquinas de vending en los colegios y centros de trabajo, el etiquetado bien visible con el contenido de grasas en todos los alimentos envasados y en los restaurantes de comida rápida, la restricción de la publicidad de alimentos con alto contenido calórico o la prohibición de venta de pastillas para adelgazar sin receta médica.
