La estafa filatélica empieza a salpicar al Gobierno Zapatero

(PD/Agencias).- La estafa filatélica empieza a afectar directamente al Gobierno. Además de las muchas víctimas económicas que podría llevarse por delante el supuesto fraude de Afinsa y Fórum Filatélico, podrían rodar también cabezas del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Explica Elsemanaldigital que la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) ha apuntado directamente al Ministerio de Sanidad y Consumo para exigir responsabilidades.

Lo que se traduce en la dimisión o cese del subsecretario de Estado de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, y de la directora del Instituto Nacional de Consumo (INC), Ángeles Heras.

Y es que, a juicio de Ausbanc, ambos son «responsables directos» por su «actuación de desidia en materia de consumo tras dos años sin publicar ningún modelo normativo» en relación con la inversión en bienes tangibles.

En otras palabras; que en todo este tiempo deberían haber desarrollado la Disposición Adicional 4ª de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), que establece el deber de información al cliente de los elementos importantes del contrato y la legislación, además de prever el desarrollo de las garantías que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo que reglamentariamente se establezca.

Los culpables y sus cómplices

Así de tajante se ha mostrado su presidente, Luis Pineda, después de reunirse con los afectados por el presunto fraude filatélico.

Pero no serían los únicos responsables. Pineda señaló como «cómplices», por negligencia, al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), porque «tenía la obligación de exigir al Gobierno el desarrollo de la ley», a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) «por no enviar un informe en su poder sobre el sector» a los órganos competentes» y a Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros) «por su dudosa transparencia» a la hora de no difundir la información referente a la problemática de Afinsa con Hacienda. Todos ellos, ha dicho Pineda, «se llevaron subvenciones pero no trabajaron en estos asuntos».

El propio Ministerio de Sanidad y Consumo también tiene su parte de culpa, según Pineda, porque debería haber tomado en su día una serie de medidas que habrían evitado la situación, como facilitar la información exigible sobre los contratos, potenciar el desarrollo reglamentario (control de recursos propios, control de coeficientes máximos de inversión, aceptación de obligaciones y supervisión de dichas magnitudes) y constituir una unidad de análisis patrimonial de bienes tangibles de colección.

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