El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como imputado el próximo jueves, 1 de junio, al auditor de la empresa Gestynsa Auditores Externos SL encargado de analizar las cuentas de Afinsa, Francisco Blázquez Ortiz.
Se trata del padre de un estrecho colaborador del asesor de Moncloa, Miguel Sebastián, que según publicó el jueves el diario El Mundo presionó para intentar proteger a esta empresa.
Según fuentes jurídicas citadas por la agencia EFE, la Audiencia tenía previsto tomarle declaración como testigo el pasado día 22, pero el fiscal anticorrupción pidió que se aplazara su testimonio y finalmente ha solicitado que se le cite en calidad de imputado, lo que le permitirá ir acompañado de abogado y no declarar nada que pueda inculparle.
Además de las investigaciones efectuadas por la Agencia Tributaria y por la Fiscalía Anticorrupción, el juez tiene en su poder el expediente sancionador a Gestynsa del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), que multó a la auditora por infracción grave en la fiscalización de las cuentas de Afinsa de 2002.
El ICAC -según el Ministerio de Economía- entiende que la actuación de Gestynsa supuso «un incumplimiento grave de las normas de auditoría que pudo tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y por consiguiente en su informe».
La sanción no puede ser inferior a 150.000 euros o tres veces el importe facturado por el trabajo, según información del Ministerio de Economía, que admitió Gestynsa ha presentado un recurso de alzada contra esta resolución.
El ICAC sancionó de forma paralela y por los mismos motivos a la auditora del Fórum Filatélico, Carrera Auditores SL, a cuyos responsables no ha citado por el momento a declarar el juez Fernando Grande-Marlaska.
La auditora en cuestión, Gestynsa, es propiedad del padre de Jorge Blázquez, estrecho colaborador de Sebastián desde el BBVA y que ha representado al Gobierno de Zapatero en las negociaciones con Bolivia y Argentina.
Según informó el diario El Mundo el pasado jueves, Jorge Blázquez Lidoy, miembro de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, presionó a mediados de 2005 desde su despacho en La Moncloa para intentar proteger a la empresa auditora de la sociedad de inversión Afinsa.
Desde el entorno de Blázquez se niega esta información.
Precisamente este martes, un grupo de clientes de Fórum, representado por Legálitas, se ha querellado contra la compañía y sus auditores entre 1999 y 2004 por entender que éstos tienen una responsabilidad directa en la presunta estafa al animar a los inversores con sus informes sobre la firma.
