(PD/Agencias).- La plataforma de trabajadores de Afinsa se personará este martes en la causa que instruye Santiago Pedraz. La plataforma denuncia que casi un mes después de que un informe de Hacienda motivara la acción de la Fiscalía Anticorrupción, no se haya llamado a declarar a su autora, la Inspectora Jefa de Hacienda, Teresa Yábar.
Los trabajadores de Afinsa, agrupados en torno a una plataforma que se presentará en Madrid este miércoles, se personarán el martes en la causa que instruye el juez Pedraz, y se muestran «dispuestos a emprender cuantas acciones judiciales sean necesarias para defender nuestros derechos».
Según el portavoz de la plataforma Álvaro Sánchez Carrasco, en la medida en que lo aconsejen sus servicios jurídicos, «emprenderemos acciones legales en todas direcciones, para defender los derechos de nuestros clientes, y por supuesto los nuestros, como trabajadores», ya que «en tanto en cuanto cobren nuestros clientes, los nuestros personales se solucionan también bastante.
Tenemos claro que si hay una responsabilidad subsidiaria o patrimonial del Estado, la Administración tendrá que rascarse el bolsillo». No obstante, el primer objetivo de personarse en la causa es acceder a «informaciones de primera mano» sobre el caso.
María Teresa Yábar no ha declarado
Sánchez Carrasco ha destacado en declaraciones a Libertad Digital, «ha transcurrido ya casi un mes desde que se inició la intervención judicial y hasta el momento no ha declarado una persona clave en todo este asunto, que es María Teresa Yábar, la inspectora que elabora el informe en que se basa la actuación de la Fiscalía Anticorrupción para pedir la intervención judicial».
El portavoz de la plataforma de trabajadores dice que «nosotros pensamos que, según se van perfilando las informaciones, aquí el caballo de batalla está en si al final triunfa la tesis de esta señora, que dice que nuestras operaciones son financieras, y por lo tanto habría déficit, ya que los pagos de los clientes se considerarían deuda, o si son mercantiles, como le ha dicho hace dos días la ministra Salgado, y en tal caso no habría déficit».
El informe de María Teresa Yábar estaba precedido por cuatro informes distintos, uno elaborado por los servicios jurídicos de Hacienda y otros tres de la CNMV, Banco de España y el economista Luis Ángel Rojo, que apuntaban a que el tipo de actividad que realizaban era mercantil. De ser ese el caso, los pagos de los clientes no computarían como deuda, y en consecuencia las empresas no se encontrarían en quiebra técnica.
El propio portavoz de los trabajadores de Afinsa ha destacado que «lo poco que hay regulado al respecto, que es la famosa disposición adicional cuarta de la ley de instituciones de inversión colectiva» define «lo que no somos», y dicha disposición prohibe «incluir en su denominación ni en su publicidad el adjetivo financiero o colectivo» y dice que «no podrán realizar las actividades reservadas a las entidades de crédito, empresas de servicio de inversión, instituciones de inversión colectiva, entidades aseguradoras o reaseguradoras», etc.
No obstante, la empresa competidora Fórum Filatélico ofrecía créditos a sus clientes en una cantidad igual a la desembolsada por ellos como parte de su producto estrella, en que los ahorradores invertían durante 10 años, según reveló el diario Expansión. Esta rama del negocio permitiría a los clientes que se encontraran en dificultades para comprar los sellos a que se habían comprometido, siempre que hasta el momento hubieran demostrado solvencia, y en unos términos pactados «de común acuerdo en cada caso».
Discrepancias en Hacienda
Por otro lado, Álvaro Sánchez Carrasco ha mostrado la preocupación de la plataforma porque «estamos viendo que hay dentro de la propia Agencia Tributaria. Hay clientes a quienes se les está diciendo que tienen que declarar las operaciones como siempre, es decir, como ganancia patrimonial, y hay una consulta de un cliente, al que dijeron que era un rendimiento del capital mobiliario». Sánchez Carrasco destaca que «tradicionalmente se ha considerado como ganancia patrimonial generada en más de un año, por lo tanto pagaba un 15 por ciento sobre los beneficios a Hacienda», pese a lo cual la inspectora Yábar «piensa que eran operaciones financieras».
Por lo que se refiere a la situación de los trabajadores, Sánchez Carrasco considera que «no es lo mismo que te lleven a un proceso concursal y se diga a los trabajadores les digan mire, van ustedes a la calle a un despido objetivo con sus 20 días por año» porque sus responsables habían cometido estafa, «a que digan ha habido una extralimitación por parte de la Administración, han llevado a su empresa a la quiebra por un escándalo espectacular, que se ha organizado» por una imprudencia de la Administración, «y la tenemos que llevar a concurso porque no tiene viabilidad, pero ustedes son despedidos con sus 45 días por año».
