Hartos del desconcierto existente y de las contradicciones han decido reclamar al Estado, consumidores valencianos han denunciado a Hacienda al no creer que exista estafa.
Ha sido Carlos Ruiz, presidente de la asociación Central de Consumidores, quién se presentaba ante los medios para anunciar que su asociación no estaba dispuesta a tolerar más la ambigüedad y desinformación que rodea al caso de Afinsa y Forum Filatélico, ha anunciado que han presentado una reclamación ante el Ministerio de Economía y Hacienda por la responsabilidad patrimonial que les pudiera corresponder como consecuencia de la situación que se ha creado, tanto «si existe la supuesta estafa como si no».
Esta última frase resulta clave, ya que el dirigente ha puesto en duda que exista la estafa de la que se acusa a ambas sociedades y se pregunta quién asumirá responsabilidades en el caso de que finalmente se demuestre que no hay nada, «tal y como apuntan los últimos datos que vamos conociendo».
Precisamente en esta línea, Ruiz ha acusado directamente al ejecutivo de Zapatero de querer que los afectados «estén tranquilos y sin armar revuelo», afirmando que existen implicaciones políticas en este caso, para lo cual se ha basado en los conocimientos sobre el caso que posee el portavoz del Gobierno, Fernando Moraleda, «incluso antes que los propios afectados».
Ruiz ha apuntado directamente a asociaciones de consumidores afines al Gobierno que estarían actuando en esta estrategia gubernamental para silenciar a la opinión pública y que consistiría en el envío de cartas a los afectados en las cuales afirmarían ser las únicas acreditadas para ejercer las reclamaciones y en las que incluirían textos afirmando que en ningún caso el Gobierno es responsable de la situación que se ha creado.
Desde la Central de Consumidores acusan a estas asociaciones de haber percibido dos millones de euros del Gobierno y «de habérselos repartido», acusaciones que ligan con la falta de interés del ejecutivo en esclarecer la situación y que tiene en el limbo los ahorros de miles de españoles.
La reclamación presentada ante el ministerio deberá obtener una respuesta en un plazo no superior a los 6 meses y en caso de no admitir la responsabilidad, Carlos Ruiz ya ha dejado claro que acudirán a la los tribunales para exigir que el estado haga frente a su responsabilidad patrimonial, no sólo por no haber legislado, sino también por disponer de los mecanismos para intervenir y no haberlo hecho a tiempo.
La Central de Consumidores también ha anunciado que ha solicitado reuniones con el Gobierno Valenciano y todos los partidos de la Comunidad para pedirles que se unan a la reclamación interpuesta.
