(PD/Agencias).- La Comisión Nacional de la Energía (CNE) sigue envuelta en la polémica. El martes pasado el consejo de administración del organismo regulador volvió a ratificarse en su dictamen del 27 de julio, que impuso un total de 19 condiciones suspensivas a la opa de E.ON sobre Endesa. Esta decisión complica si cabe un poco más la decisión del ministro de Industria, Joan Clos, sobre el recurso de alzada que la multinacional alemana presentó a Montilla contra la resolución de la CNE.
Afirma José Antonio Navas en La Razón que lo más curioso del caso es que el Gobierno no ha dado otra opción al organismo regulador porque nadie del Ejecutivo tuvo a bien remitir a la CNE la carta demoledora de Bruselas contra su dictamen de julio.
En consecuencia, la institución encargada de velar por el buen funcionamiento del mercado energético no ha tenido ningún nuevo argumento objetivo que permitiera al grupo presidido por Maite Costa cambiar su opinión, aunque fuera de forma sutil, para facilitar la tarea del nuevo responsable del Ministerio de Industria.
Joan Clos necesitaba este segundo informe de la CNE, que no tenía esta vez carácter vinculante, pero que podía allanar el camino del ministro para solucionar la herencia envenenada de la «guerra de opas» sobre Endesa.
Sin embargo, una vez que el organismo regulador se ha ratificado en su misma posición de hace dos meses, será ahora el ministro quien cargue con la total responsabilidad política de enfrentarse a E.ON y, por consiguiente, a Bruselas. Se puede decir, en resumen, que la CNE ha trabajado realmente «a oscuras» y Clos tampoco parece que haya encontrado un terreno suficientemente iluminado para resolver el contencioso con la Unión Europea.
De hecho, ayer mismo, durante la sesión de control al Gobierno, el ministro no descartó que todo este episodio termine en un pleito ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Por lo pronto, Clos anunció que el Ejecutivo español no tiene ninguna intención de proponer al Parlamento la derogación del Real Decreto-Ley que amplió las funciones de la CNE, el llamado «decreto anti-E.ON».
Dicha normativa fue la que propició que el regulador tuviera que dar una respuesta a la opa, traducida en el dictamen que luego ha provocado el recurso de alzada de la multinacional germana, además de la crítica más demoledora de la Comisión Europea contra España. Quizá, la fuerza de los argumentos esgrimidos por Bruselas hubiera servido para abrir el debate de nuevo en el seno del organismo regulador.
No ha sido así y la CNE se ha mantenido en sus trece provocando la reacción inmediata de los funcionarios de Bruselas. El portavoz europeo de Competencia, Jonathan Todd, se mostró ayer explícito al anticipar que si el Gobierno de Zapatero incumple los requerimientos del Ejecutivo comunitario, «la Comisión Europea puede abrir un procedimiento de infracción contra España en breve periodo de tiempo».
Según informa Enrique López desde Bruselas, los responsables europeos de la Competencia han incidido en que es el Gobierno español, y no la CNE, el que debe responder ahora «de manera satisfactoria» y modificar aquellas condiciones impuestas a E.ON en contra del derecho comunitario.
De momento, las intenciones de Joan Clos no parece que apunten en este sentido. Se puede asegurar que, por ahora, lo único en lo que coincide el ministro con los responsables comunitarios es en el hecho, cada vez más factible, de que España terminará siendo demandada ante la Corte de Justicia de Luxemburgo.
