La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha aseguradoaseguró hoy que el objetivo fundamental de la ley del Mercado de Valores en lo referente a las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) de acciones es proteger los intereses de los accionistas minoritarios para que puedan beneficiarse de las primas de control.
El Consejo de Ministros ha acordado este viernes remitir a las Cortes Generales para el trámite parlamentario por vía de urgencia el proyecto de ley de reforma de la Ley del Mercado de Valores para la modificación del régimen de OPAs y de la transparencia de los emisores.Este proyecto de Ley, que entrará en vigor «cuanto antes» y no tendrá carácter retroactivo, incorpora al Derecho español dos directivas comunitarias: la de OPAs y la de Transparencia.
La futura ley clarifica y simplifica los supuestos para lanzar una OPA por el 100% del capital de una sociedad y establece que estará obligado a lanzarla quien adquiera, al menos, el 30% de los derechos de voto.
ELIMINADAS LAS OPAS PARCIALES
Además, las OPAs obligatorias sólo se realizarán por el 100% del capital, eliminándose la obligación actual de presentar ofertas parciales, aunque estas últimas podrán presentarse de modo voluntario.
MEDIDAS DEFENSIVAS
En lo que respecta a las medidas defensivas que pueda tomar el consejo de administración ante una OPA, se exige que cualquier actuación que pueda impedir el éxito de una OPA cuente con la autorización de la junta general de accionistas, otorgada de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas para los supuestos de modificaciones estatutarias y otras cuestiones de especial relevancia.
Además, se introduce la reciprocidad con otros países, es decir, que el consejo podrá defender la sociedad como crea conveniente, sin contar con la autorización de la junta, si la sociedad que lanza la OPA es extranjera y puede utilizar medidas defensivas sin limitación alguna.
En lo referido a la eficacia de los blindajes societarios cuando una sociedad es objeto de una OPA, se permite que cada sociedad tome la decisión que considere oportuna sobre el mantenimiento o la eliminación de los mismos. Eso sí, esta última decisión también deberá ser tomada por la junta general de accionistas tras la entrada en vigor de la Ley y comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
