El Ministerio de Industria trabajará en los próximos días en la confección de la nueva metodología de tarifas eléctricas con el objetivo de que entren en vigor el 1 de enero de 2007. El secretario general de Energía, Ignasi Nieto ya tiene sobre su mesa la petición de las compañías del sector, que piden una subida de hasta el 20% por el encarecimiento de los costes, según fuentes consultadas.
Escribe Javier González Navarro en ABC que, tras sus recientes encuentros con los primeros ejecutivos de estas empresas, incluida Gas Natural y la patronal Unesa, Nieto ha recopilado todos los problemas planteados por aquellos.
Una de las cuestiones más importantes es la de las tarifas reguladas, que las eléctricas quieren que desaparezcan para que los precios de la luz recojan en cada momento los costes. La previsión es que en 2007 desaparezcan las tarifas industriales y en 2011 el resto.
Mientras, Industria cambiará la actual metodología de cálculo de tarifas aprobada por el Gobierno de Aznar, que limitaba al 2% el aumento de los precios. De hecho, este año no sólo subieron una media del 5% el 1 de enero, sino que el 1 de julio volvieron a encarecerse una media del 1,4%. En total, la tarifa doméstica ha aumentado este año un 5,28% y la industrial más del 11%. Este ha sido el mayor incremento de los precios de la luz en quince años.
Costes, sequía y tipos de interés
Las compañías eléctricas justifican la espectacular subida del 20% de las tarifas fundamentalmente por el fuerte aumento de los costes, derivados del encarecimiento del petróleo y por la sequía (escasa producción hidroeléctrica, que es más barata), y por el incremento de los tipos de interés. Sin embargo, estas empresas saben que una subida del 20% es impensable.
Incluso, del 10%, como pedían para este año. Fuentes del Gobierno reconocen que se fijará, como siempre, un precio «político» que no supondrá nunca superar el 5%.
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, dijo recientemente que es «indudable que los costes han subido» y eso debe repercutirse en la tarifa regulada. Añadió que a esto había que sumar la política aplicada anteriormente por el PP de que el recibo de la luz no se encareciera más de un 2%, lo que ha provocado un «desfase» en los ingresos de las compañías eléctricas que se debe «recuperar» ahora o en el futuro.
Por debajo del IPC
El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, recordó que las tarifas ya han crecido este año tres veces por encima del IPC, y en dos fases, ya que, en su opinión, el Gobierno ha querido disimular. En este sentido, el diputado popular comparó el comportamiento de las tarifas con el Gobierno de Aznar recordando que las subidas de tarifas entre 1996 y 2004 siempre fueron por debajo del IPC.
En su opinión, los incrementos de la tarifa en 2006 no han sido razonables teniendo en cuenta que las empresas han aumentado el valor de sus acciones casi el 100%. Mientras, empresas y familias están pagando más porque el Gobierno no se preocupa de ellos. Martínez Pujalte exigió al Gobierno que el posible incremento de la tarifa eléctrica se sitúe por debajo del IPC.
El secretario de Estado de Economía, David Vegara, confirmó hace unos días que el Ministerio de Industria hará una propuesta de metodología de tarifa «a finales de este año o principios del próximo», que recogerá el aumento «muy importante» que han experimentado los «imputs energéticos», especialmente el precio del crudo.
Vegara recordó que el petróleo se ha encarecido más del doble desde 2004, pasando de 25 dólares el barril de Brent a los 58 dólares actuales (78,6 dólares en agosto).
Este desfase entre costes y el precio regulado que paga el consumidor provoca el denominado déficit de tarifa, que en 2005 fue de 3.810,5 millones de euros. Este año, ese déficit alcanza los 2.173 millones. El pago de este déficit se realizará hasta 2020, aunque el Consejo de Ministros autorizó a las eléctricas su titulización (cesión a terceros del derecho de cobro y su conversión en títulos o bonos con garantía del Estado).
La desaparición del déficit de tarifas es uno de los objetivos prioritarios de Industria. El problema es cómo hacerlo sin que repercuta de golpe en los bolsillos de los consumidores. Además, afectaría negativamente al IPC.
Para ello, ese Ministerio estudia otras medidas que serían aplicadas de forma paralela a las nuevas tarifas. Entre ellas está la modificación del famoso y polémico real decreto 3/2006 que, entre otras medidas, fija un precio provisional de 42,35 euros el MWh para la energía que compran y venden simultáneamente los distribuidores y generadores de un mismo grupo empresarial en el mercado mayorista de electricidad o «pool».
Otra contraprestación de Industria a las eléctricas será el aumento de la retribución de la distribución.
