El ex presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano, ha presentado hoy el plan de viabilidad de la compañía filatélica, en el que se propone trasladar la propiedad de la compañía a sus clientes repartiendo de forma gratuita el 80% de las acciones de la empresa. El plan prevé la continuidad de los negocios de Afinsa en sellos, mercado hipotecario y metales preciosos.
Las asociaciones de afectados recibiran la documentación completa antes de Navidad, por lo que Cano pidió que se informe de sus características a todos los afectados, ya que para que el plan de viabilidad se pueda poner en marcha es necesario, como mínimo, el apoyo de clientes que representen el 50,1% del crédito total (1.920 millones de euros en sellos según las estimaciones de catálogo de Afinsa).
El plan prevé la continuidad de los negocios de Afinsa en sellos, mercado hipotecario y metales preciosos, a través de lo que esperan garantizar a sus clientes sus inversiones y las rentabilidades esperadas antes de la intervención judicial, a pesar de que sólo prevén la venta de 30 millones de euros en sellos el primer año. El plazo estimado para poner en el mercado los 1.920 millones de euros en sellos ha quedado fijado por los administradores históricos de Afinsa en un plazo de 10 años.
Dos organizaciones apoyan la estrategia
El plan de viabilidad de los ex gestores de Afinsa cuenta ya con el apoyo de dos asociaciones de consumidores. La Asociación Nacional de Asesores Financieros, que representa el 3% del total invertido, ha colaborado en la elaboración del plan y comunicó hoy que cuenta con el 100% de aceptación entre sus clientes.
Asimismo, José Luis Reguillo Moreno, presidente de la Asociación Madrileña de Perjudicados de Afinsa (AMPA), que representa a más de 1.000 afectados, afirmó en declaraciones a Europa Press que muestran su «completo apoyo» al plan, ya que es mejor alternativa que la liquidación judicial.
Los gestores renunciarán a sus derechos
El 20% del total de acciones de Afinsa quedarán en manos de los propietarios actuales, pero Cano precisó que en caso de que el plan de viabilidad no tenga éxito y se vaya a la liquidación, todos renuncian a sus derechos. «Nosotros creemos en las posibilidades de éxito de la compañía y en su futuro. Cedemos a los clientes el control de Afinsa y lo único que pedimos es que den una oportunidad a la compañía», recalcó.
El capital social de Afinsa asciende a los 44,5 millones de euros, repartidos en títulos con valor nominal de 22.500 euros, que si el plan es aceptado tanto por clientes como por la autoridad judicial serán divididos mediante ‘split’ en tantas partes como sea necesario para hacer entrega de ellas a los 180.000 clientes.
Cano insistió en que el plan de viabilidad es «la mejor solución» para los clientes de Afinsa, ya que la liquidación de la compañía pretende vender de forma unitaria el paquete completo de sellos propiedad de los afectados. «Es imposible encontrar un comprador que se haga cargo de una inversión de ese calibre, ni siquiera de la mitad. Son los expertos de Afinsa en un mercado normalizado los que pueden hacerse cargo de vender estos activos», afirmó.
Según establecen los trámites judiciales, el plazo de aceptación de este convenio de viabilidad es de un máximo de 2 años, aunque Cano pidió a los afectados que se dirijan de forma autónoma a los juzgados para acogerse a este plan. Cano afirmó que el tiempo es «muy importante» y señaló que cada momento que pasa es «tiempo perdido y activos de la empresa que se deterioran».
Daño de la intervención
Cano insistió en que Afinsa «jamás» recibió una multa o un apercibimiento por parte de las administraciones del Estado y afirmó que el daño causado por la intervención tanto a administradores, como empleados y clientes «no puede salir gratis, y será responsabilidad de quien la tenga».
Además, Cano afirmó que los exgestores «van a luchar» por el éxito del plan de viabilidad y calificó la intervención judicial de Afinsa como fruto de una «tesis delirante». Respecto a los procesos penales en marcha, Cano negó que el plan de viabilidad sea una maniobra para eludir su responsabilidad en ese campo judicial y afirmó que los procedimientos concursal y penal siguen caminos distintos.
