(PD/Agencias).- Air Madrid insistió este martes en la solvencia de la compañía, y volvió a defender su preferencia por la declaración de concurso voluntario, en lugar del necesario, solicitado por la acusación. La diferencia estriba en que el segundo implicaría la liquidación de la compañía, cosa que no ocurriría con el concurso voluntario, equivalente a una suspensión de pagos.
Explica C. Fominaya en ABC que el letrado que defiende a la aerolínea en el juzgado de lo mercantil número 5 de Madrid, Jesús Castrillo, avaló dicha petición con la revelación durante la primera vista pública del caso de que la empresa Optursa, socio mayoritario de la aerolínea y controlada por José Luis Carrillo, inyectó 7,1 millones de euros entre el 15 de diciembre, fecha de suspensión de la actividad por parte de la compañía, y el 31 de diciembre de 2006.
Castrillo volvió a achacar responsabilidades al Ministerio de Fomento, y reiteró que la suspensión de la licencia provocó que «la actividad de la empresa se volviera legalmente imposible», lo que indujo a la compañía a una declaración forzosa de «insolvencia».
Optursa es la empresa matriz del entramado de sociedades que posee el presidente de Air Madrid, José Luis Carrillo, participada al 50% por éste y su esposa, Susana Symansca, y que desde el 1 de enero al 15 de diciembre de 2006 inyectó a la aerolínea 22,8 millones de euros que, junto a los 7,1 millones posteriores a la suspensión, suman una aportación de 29,9 millones de euros durante todo 2006, según informó el letrado de la defensa durante la vista previa.
La defensa de Air Madrid negó reiteradamente la insolvencia de la compañía «necesaria» para la declaración de concurso, según establece el artículo 2,4 de la ley concursal, y afirmó que, a fecha de 18 de diciembre, la empresa contaba con una disponibilidad bancaria de 3 millones de euros que, sumados a los 13 millones bloqueados a Air Madrid por el Organismo Internacional de Tráfico Aéreo (IATA) y varias entidades financieras «por la decisión de Fomento» prueban que la aerolínea «nunca se ha encontrado en situación de insolvencia».
Casualmente esas fueron exactamente las mismas palabras que utilizó la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, en su comparecencia en el Congreso para explicar la actuación de su gabinete en relación a la crisis de Air Madrid el pasado 26 de diciembre.
En aquella ocasión, la ministra dijo que la compañía «no está en quiebra, sino en una situación patrimonial de reequilibrio, gracias a las continuas aportaciones realizadas por sus socios». Y aún fue más allá cuando remarcó que «ni ha estado en quiebra antes ni lo estuvo en el momento de la suspensión», por lo que «el presidente de la aerolínea puede hacer frente a las sanciones impuestas y a mucho más».
Insolvente o no, Air Madrid apoyó sus argumentos con la presentación de pruebas tales como el balance de la compañía a fecha de 10 de noviembre de 2006, varias certificaciones de pagos bancarios a fecha de 18 de diciembre, un número indeterminado de extractos bancarios y los resultados contables de 2003, 2004 y 2005, mientras que los letrados de la acusación alegaron que el balance realizado por la aerolínea en agosto de 2006 presentó un «importante» desequilibrio patrimonial cercano a los 94 millones de euros.
Ahora el juez cuenta con un plazo de siete días para declarar la apertura o no del concurso «necesario» de Air Madrid, una decisión al parecer compatible con la apertura de concurso «voluntario» solicitado por la empresa.
Como compatibles son las negociaciones del grupo aéreo alemán LTU con el Ministerio de Fomento e inversores españoles para asumir parte de las operaciones de Air Madrid, unos acuerdos confirmados también por la Administración.
El socio gerente de LTU International Airways, Jürgen Marbach, señaló que las conversaciones con Fomento están encaminadas a «la creación de una nueva compañía, a la que se le podría permitir hacerse a corto plazo con los vuelos de Air Madrid a Iberoamérica».
No obstante, Marbach subrayó que LTU no está interesado en comprar Air Madrid, pero sí en absorber la mayoría de sus rutas, que empezaría a operar a final de mes, y también en asumir de forma inmediata al 52% de la plantilla, lo que supone 568 trabajadores de un total de 1.089, un acuerdo que para el secretario general de Empleo, Antonio González es «legalmente posible».
Respecto a la negociación con LTU, fuentes de Air Madrid confirmaron a ABC que la compañía apoyará el acuerdo «siempre que beneficie a los trabajadores y a los viajeros», aunque agregaron que por el momento no se ha recibido ninguna notificación.
