(PD/Agencias).- Este escrito, remitido al juez instructor Santiago Pedraz, se presenta como una «réplica razonada» a las acusaciones presentadas por la Fiscalía en su documento del pasado 31 de enero, que fue aceptado por Pedraz dando lugar a diez nuevas imputaciones.
El nuevo escrito de la defensa de Afinsa solicita la inclusión de declaraciones realizadas en este sentido por responsables públicos negando el carácter financiero de la actividad, entre los que se encuentran la ministra de Sanidad, Elena Salgado, y el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, José Enrique Serrano.
También pide que se incorpore a la causa la propuesta de Citigroup de 2 de marzo de 2006 para sacar a la compañía a cotizar en bolsa bajo un valor de mercado de 2.200 millones de euros. Afinsa, como ya desveló Elmundofinanciero.com, ya intentó salir a Bolsa en 2002, aunque el procedimiento quedó bloqueado.
La defensa de Afinsa, encabezada por el magistrado Javier Gómez de Liaño, ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional un informe en el que solicita nuevas diligencias con la finalidad de «demostrar la gratuidad de las imputaciones del Ministerio Fiscal», según detalla el documento al que ha tenido acceso Europa Press.
Este escrito, remitido al juez instructor Santiago Pedraz, se presenta como una «réplica razonada» a las acusaciones presentadas por la Fiscalía en su documento del pasado 31 de enero, que fue aceptado por Pedraz dando lugar a diez nuevas imputaciones, según informó Elmundofinanciero.com citando diversas fuentes.
El documento, de 28 páginas, repasa una por una las acusaciones presentadas por la Fiscalía y sostiene que la acusación de estafa piramidal presentada por el Ministerio Público responde a una «peculiar visión del engaño como integrante del delito de estafa» y que lo hace «sin duda, para justificar su tesis, aunque no crea en ella». Todas las acusaciones vertidas por la acusación son, según detalla el escrito, «obstinación del Ministerio Fiscal fruto de la de la ignorancia y la falta de fundamento en la acusación».
Con la finalidad de sustentar estas afirmaciones, Afinsa solicita integrar a la causa numerosos documentos que considera, «la Fiscalía ha pasado por alto», la mayoría de ellos niegan el carácter financiero de la actividad y proceden del Ministerio de Sanidad y Consumo, el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de Tributos, así como varias circulares del Banco de España. Precisamente Elmundofinanciero.com publicaba estos días un escrito de la Fiscalía General del Estado fechada en 2001 en la que ya instaba al Banco de España que interviniera. Aunque tanto el Gobierno de entonces, a través de su Ministerio de Hacienda, como el mismo Banco de España estaban al corriente de las actividades de Afinsa y Fórum Filatélico, no intervinieron.
Asimismo, el nuevo escrito de la defensa de Afinsa solicita la inclusión de declaraciones realizadas en este sentido por responsables públicos negando el carácter financiero de la actividad, entre los que se encuentran la ministra de Sanidad, Elena Salgado, y el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, José Enrique Serrano. También pide que se incorpore a la causa la propuesta de Citigroup de 2 de marzo de 2006 para sacar a la compañía a cotizar en bolsa bajo un valor de mercado de 2.200 millones de euros. Afinsa, omo ya desveló Elmundofinanciero.com, ya intentó salir a Bolsa en 2002, aunque el procedimiento quedó bloqueado.
CARÁCTER FINANCIERO
Los abogados de la defensa niegan el caracter financiero de la entidad afirmando que «nunca se dedicó a la captación de ahorros del público» y que el negocio «se ajustaba irreprochablemente» a la disposición adicional cuarta de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, aunque es posible que se cite a declarar a varios de los agentes comrciales de la entidad para conocer la manera en que se captaban los clientes y en la Audiencia Nacional están depositados los documentos de promoción para la captación de clientes que pueden demostrar que éstos aceptaban las ofertas de inversión porque «veían en ello una forma de encauzar sus ahorros personales o familiares como si se tratase de productos financieros».
La Fiscalía les acusa de incumplir esta normativa al saltarse la obligación de suministrar a los clientes información «clara y precisa» sobre la legislación, el sistema de valoración de los sellos, los informes de auditoría y el empleo de términos como «inversión», «rentabilidad», etc, propios de la actividad financiera, como durante 2002 y 2003 ya solicitó ADICAE.
Afinsa afirma que en el momento de la intervención existía «un coeficiente de caja de 186 millones de euros», lo que excedería «con creces» la cantidad legal exigida para una actividad financiera, según la hipótesis sostenida por la Fiscalía. En cuanto al compromiso de recompra, la defensa detalla que Afinsa trataba la operación «como una venta y no como un préstamo» tal y cómo sostiene la Fiscalía y sólo recompraba los sellos «si el cliente no encontraba un tercer comprador».
VALOR Y CONSERVACIÓN DE LOS SELLOS
El escrito define como «craso error» la acusación del Ministerio Fiscal que describía «el gran anhelo» de los directivos de Afinsa por controlar los catálogos de precios. Afinsa afirma que «tenía una editorial» y que «estaba legitimada» para vender sus sellos con arreglo a una lista de precios propia basada en un catálogo. Lo que la defensa no cita, lógicamente, es el hecho de que el hijo del Fundador, Carlos de Figueiredo, exigió por escrito a otros editores de catálogos que no bajaran los precios de algunos de los lotes que se venían depreciando por efectos lógicos del mercado.
La defensa alega que Afinsa era consciente del problema existente en el área de logística encargada del tratamiento de los sellos, por lo que solicitaron las auditorías encontradas en los registros que «tanto escandalizan al Ministerio Fiscal». Los lotes filatélicos, matizan, «siempre estuvieron asegurados y bien conservados».
Respecto a su relación con el proveedor Francisco Guijarro Lázaro, que suministró a Afinsa varias partidas «inadecuadas para su comercialización», el escrito describe que ante la negativa del proveedor de ejercer el derecho a devolución, Afinsa en 2003 «retiró las partidas e informó al SEPBLAC». Cabe recordar que la Fiscalía encontró en el domicilio de Gujarro diez millones de euros escondidos en un zulo.
