(PD/Agencias).- Las comunidades de Navarra, País Vasco, Madrid, Baleares y Canarias son las que menos dotaciones de infraestructuras han recibido del Gobierno entre 2003 y 2006, pese a ser las que más aportaron a la caja común por ser las de mayor PIB por habitante.
Subraya David Blázquez en ABC, haciéndose eco de un informe de la patronal de las grandes constructoras, Seopan, que ninguna de estas comunidades estaban gobernadas por el PSOE durante el periodo de referencia.
Los datos presentan una relación inversa muy acusada entre la riqueza de la región y el esfuerzo inversor que realiza la Administración General del Estado en cada comunidad.
El promedio de licitaciones públicas y de concesiones promovidas por la Administración central entre 2003 y 2006 fue de un 0,4% del PIB regional en Navarra, de un 0,5% en el País Vasco y de un 0,6% en Madrid, las tres regiones menos afortunadas. Cataluña duplicó a la capital de España, al situarse en un 1,2%, mientras que la media del país fue de un 1,6%.
Por contra, las comunidades más beneficiadas en las que el Ministerio de Fomento ha invertido hasta seis veces más que en las anteriormente citadas, fueron Asturias, con un 3,8%, Castilla-La Mancha, un 3,5% y Galicia, un 2,7%, las tres gobernadas por el PSOE.
LA SOLIDARIDAD BRILLA POR SU AUSENCIA
El estudio compara estos datos de concesiones con el nivel determinado de renta per cápita de cada territorio, por su situación, historia y recursos disponibles, observándose sustanciales diferencias no sólo en términos absolutos sino también relativos.
De este modo, las de mayor nivel en 2006 fueron País Vasco con 28.346 euros por habitante, Navarra con 27.861 euros y Madrid, 28.850 euros. Por contra, por debajo de los 22.152 euros per cápita de media española, se hallan las comunidades de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura y Murcia.
Así se puede destacar, frente a lo que se hubiera esperado inicialmente, que no se ha encontrado una elevada correlación entre el esfuerzo inversor de las administraciones autonómicas y el PIB por habitante en su región.
El informe excluye algunas importantes inversiones de la administración central que no son regionalizables en el sentido físico -suponen el 0,07% del PIB- por ser grandes proyectos de AVE, ferrocarril convencional o carreteras que no se pueden atribuir a una región concreta.
EL ESFUERZO DE CADA UNO
Un primer análisis de las cifras resultantes de las tres administraciones (general, autonómica y local) indica que en el periodo 2003 a 2006 el volumen total de la licitación pública más las concesiones de obra alcanzaron de promedio el 4,7% del PIB anual.
El mayor volumen está protagonizado por las administraciones autonómicas con el 1,7% del PIB, seguido de la administración general con el 1,6% y de las corporaciones locales con el 1,4%.
Si se considera la inversión que demanda la Administración Autonómica y Local en sus respectivas regiones, los datos sugieren una clara correlación directa entre el esfuerzo, medido en términos de licitación y la riqueza que ostenta la región.
Así se sitúan por encima de la media Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Navarra, País Vasco, y Cantabria. Mostrando un esfuerzo inferior a la media se encuentran -de menor a mayor- Extremadura, Canarias, Andalucía, Galicia, Murcia, Asturias, La Rioja, Valencia y Cataluña.
Seopan cree que es necesario que las propias administraciones autonómicas comprometan más recursos propios porque, además de aumentar el propio stock de infraestructuras, con sus consecuencias positivas para el territorio, haría «más creíble la demanda de aumentar en esas comunidades la aportación solidaria de todos los españoles».
De igual modo, recuerdan que la contribución de la política de infraestructuras debe buscar el fortalecimiento de la cohesión social y territorial, asegurando unas condiciones de accesibilidad equitativas a todo el territorio, reduciendo las diferencias y desequilibrios existentes, en cuanto a las posibilidades de movilidad de personas y mercancías.
Seopan recomienda que aquellas regiones que han invertido menos y tienen peor dotación de infraestructuras desarrollen planes de inversión que les permitan acercarse a la renta media nacional.
