(PD/EFE).- La inflación interanual aumentó cinco décimas en noviembre hasta el 4,1%, dato todavía provisional y que, de confirmarse, supondría la tasa más alta registrada desde enero de 2006, cuando se situó en el 4,2%.
Si finalmente se confirma este indicador armonizaco (IPCA), el coste de la desviación de la inflación sobre el 2% previsto a principios de año supondría un gasto de 3.024 millones de euros en las prestaciones de los más de ocho millones de pensionistas que hay en España (1.512 millones para pagar la desviación y otro tanto para la consolidación).
Ese 4,1% corresponde al indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que ha difundido hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE) y cuyo dato definitivo se conocerá, al igual que el del IPC español -datos que suelen coincidir- el próximo día 14 de diciembre.
De confirmarse este dato adelantado, el IPCA -que mide los precios de forma armonizada con el resto de países de la zona euro- en noviembre sería 1,4 puntos superior al registrado en el mismo mes del año anterior y la más alta desde mayo de 2006.
El dato del IPC de noviembre, que se conocerá el 14 de diciembre, sirve para fijar la paga que recibirán el año que viene tanto los pensionistas de las clases pasivas como los del régimen general para compensar la pérdida de poder adquisitivo consecuencia del aumento de la inflación.
Según los cálculos de la Seguridad Social, cada décima en que la inflación supere el objetivo del 2% tiene un coste de 72 millones de euros (más otros 72 millones para que se consolide en la nómina).
De acuerdo con el dato adelantado de noviembre, el coste de la desviación de la inflación supondría 3.024 millones de euros (1.512 millones para pagar la desviación y otro tanto para la consolidación).
El coste de la desviación se aplicará al presupuesto del próximo ejercicio y el de la paga de compensación, que el Ministerio abonará el próximo mes de enero a los más de ocho millones de pensionistas españoles, se imputará al presupuesto de gastos de 2007.
Estos más de 3.000 millones de euros contrastan con los 864 millones que tuvo que abonar el Ejecutivo el pasado enero por este concepto, cuando la inflación se desvió seis décimas sobre el 2%.
El pasado día 26 el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ya advirtió de que la «principal» preocupación del Ejecutivo es la evolución de la inflación en los últimos meses, «que no da señales de que pueda remitir a corto plazo».
Solbes recordó que el aumento de la inflación, en primer lugar, se debe al efecto base del petróleo sobre el que el Gobierno ya había advertido, porque los precios del crudo estaban a niveles muy inferiores un año antes, aunque reconoció que no preveía que el encarecimiento del crudo iba a ser tan alto.
En cuanto a los productos alimenticios recordó que su encarecimiento se ha debido a problemas de escasez de productos básicos y aumento de su demanda en Europa y Asia.
Para paliarlo, aseguró, el Gobierno ha tomado medidas «importantes» como pedir a la UE un incremento de la cuota de leche o la supresión de cultivos que en estos momentos no se producen para incrementar su producción el año próximo, y recordó que se han suprimido subvenciones de la exportación que encarecían los productos europeos.
