(PD).- Los datos son cada vez peores y el Gobierno no puede ocultarlo. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha afirmado que la desaceleración del sector de la construcción y de aquellos servicios ligados al mismo provocarán que se siga perdiendo empleo en los próximos meses.
Tras hacerse público que el ritmo de avance de las afiliaciones a la Seguridad Social es el menor desde 1996, el ministro ha pronosticado que «los datos a futuro no serán halagüeños».
En declaraciones a Onda Cero, Corbacho admitió que su llegada al Ministerio de Trabajo no ha coincidido con el mejor momento económico, pero subrayó que aunque se está generando paro en la construcción y en los servicios vinculados a este sector, las altas a la Seguridad Social siguen creciendo, aunque a un ritmo menor.
En cualquier caso, explicó que si las turbulencias que viven los mercados internacionales empiezan a remitir, mejorará la situación de la economía española, algo que podría comenzar a suceder «a un año vista».
Ante la situación económica y del empleo, Corbacho señaló que las prioridades deben centrarse en cómo dar alternativas y recolocar al máximo número de personas que pierdan su empleo en la construcción y en las ramas afines a este sector.
Financiación autonómica
Por otro lado, el ministro, ex alcalde de la localidad barcelonesa de L’Hospitalet de Llobregat y miembro del PSC, se mostró partidario de «sacar» de la coyuntura actual el debate sobre la financiación autonómica. Corbacho, señaló que, en relación con este tema, su partido defiende la necesidad de hacer «ajustes» en la base de población y en el pago en función de la renta.
«Cataluña está en la banda alta de las rentas, por eso parece razonable que pague y contribuya más. Es un concepto que no se puede poner en cuestión desde el punto de vista de la solidaridad. Pero también debe recibir por servicios (educación, sanidad y servicios sociales)», subrayó. A su juicio, el debate sobre la financiación autonómica debe centrarse en aquellos ajustes «razonables» que permitan seguir prestando un «apoyo de solidaridad» a las comunidades que lo necesiten y que, al mismo tiempo, esa solidaridad «no castigue» los servicios básicos que reciben los ciudadanos.
