(PD).- Cataluña ya lo tiene. Ahora lo quiere Madrid… para el resto de las Comunidades. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre quiso ayer entrar con fuerza en el debate sobre la financiación autonómica.
Para ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha remitido a Pedro Solbes un decálogo de propuestas que resumen su posición ante la próxima reforma del Sistema de Financiación Autonómica, comprometida por Zapatero para antes de que concluya el año.
La intención del Gobierno madrileño es que esta serie de propuestas se tengan en cuenta para el resto de comunidades autónomas. El decálogo, según apuntó ayer el vicepresidente regional, Ignacio González, incide en la necesidad de que el nuevo modelo tenga en cuenta un conjunto de principios «solidarios» de tal manera que «la interpretación de los Estatutos» no suponga para ninguna autonomía «ningún privilegio económico ni social».
La Comunidad de Madrid solicita al Ejecutivo central que se amplíen los porcentajes de cesión del IVA, IRPF y de los Impuestos Especiales, que actualmente se encuentran en el 35, 33 y 40%, respectivamente. Además, el documento plantea a Zapatero un modelo que tenga en cuenta el «criterio irrenunciable» de aumento de población.
Madrid, por ejemplo, según González, ha crecido desde 1999 en un millón de habitantes sin que el Gobierno lo haya tenido en cuenta a la hora de asignar los fondos.
El Ejecutivo de Esperanza Aguirre, además, expresa su rechazo «más absoluto» a la creación de Agencias Tributarias en cada comunidad autónoma porque «un sistema con 17 agencias distintas generaría una descoordinación en el propio sistema tributario», según manifestó ayer el vicepresidente regional madrileño.
Mejorar la colaboración
González defendió la búsqueda de fórmulas que mejoren la colaboración entre el Estado y las Comunidades basado en la distribución actual de competencias de la Agencia Tributaria. «Lo contrario -dijo- supondría el caos».
El decálogo señala que el nuevo Sistema de Financiación debe ser respetuoso con la Constitución y con los principios esenciales que se desprenden de ella, especialmente los de suficiencia financiera, autonomía, igualdad y no discriminación.
En este sentido, «la interpretación que se haga de los vigentes estatutos no puede suponer privilegios económicos y sociales para ninguna Comunidad», dice el primer punto.
Aguirre pide también que la reforma que se proponga se debata y consensúe en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano establecido por la LOFCA para la coordinación entre Estado y las Comunidades autónomas.
