Moncloa medió para que no estallara el escándalo de Martinsa antes del 9-M

Moncloa medió para que no estallara el escándalo de Martinsa antes del 9-M

(PD).- El Gobierno conocía el estado de Martinsa-Fadesa e hizo todo lo posible para taparlo… al menos hasta después de las elecciones. Fue Taguas, máximo consejero de Zapatero en materia económica, quien medió entre los bancos y las cajas acreedoras para que renegociaran la deuda de 4.000 millones que arrastraba la inmobiliaria.

La información la publica El País, que desde la guerra del fútbol no le perdonan una al presidente. El diario de PRISA asegura que el asesor de Zapatero se puso en contacto con los principales acreedores de la inmobiliaria con el fin de salvar los muebles antes de las pasadas elecciones y que hubiera sido el prólogo de la crisis en la que ya nos encontramos.

Después de las elecciones, Taguas habría acordado el aplazamiento de los 4.000 millones hasta 2011; un aplazamiento que quedaría condicionado por la obtención de un crédito de 150 millones por parte del ICO que no se logró y que abocó a la inmobiliaria a la suspensión de pagos.

El vergonzoso caso Taguas

Taguas, que sustituyó a Miguel Sebastián en la asesoría económica de Zapatero, dejó el Gobierno para presidir la patronal de las constructoras. Todo un ‘pelotazo’ no carente de polémica por la incompatibilidad del puesto.

El fichaje de Taguas irritó en un primer momento al presidente y molestó a Pedro Solbes, receloso de la incorporación a la Seopan de un hombre muy próximo a Miguel Sebastián.

La Oficina de Conflictos e Intereses, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, dictaminó que era compatible porque aunque reconoció que Taguas había participado en decisiones como asesor (con rango de secretario de Estado) que afectaban a las constructoras, no lo hizo directamente con la asociación que le fichaba.

El escándalo saltó al Congreso. El PSOE sólo logró el apoyo de CiU para impedir que saliera adelante la moción presentada por IU-ICV que reprobaba el dictamen de la Oficina de Conflictos. El resto de grupos parlamentarios reprobó el dictamen del Gobierno. La dirección del PSOE incluso tuvo que abrir un expediente disciplinario con multa incluida al diputado Juan Antonio Barrio, de la corriente crítica Izquierda Socialista, que votó a favor de la moción.

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