(PD).- El Tribunal Supremo ha ratificado la decisión de la Audiencia Nacional de apartar a la asociación de consumidores Ausbanc como acusación popular en la investigación que sigue el Juzgado Central de Instrucción número 5 sobre la presunta estafa de Fórum Filatélico.
En un auto del pasado 10 de julio, la Sala de lo Penal del Supremo desestima el recurso interpuesto por Ausbanc, ya que «no existe norma legal que habilite la interposición de recurso de casación en este caso», dado que la decisión cuestionada sólo puede ser recurrida por infracción de ley, lo que no aprecia que exista en este caso.
Notificación de la decisión
Ausbanc, al que el Supremo obliga a pagar las costas, podrá ahora recurrir al Tribunal Constitucional, para lo que tendrá de plazo 30 días hábiles desde la notificación de la decisión del Supremo. El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, aseguró que la organización no tiene todavía notificación oficial del auto, por lo que desconoce si recurrirá al Constitucional por el quebrantamiento de normas constitucionales.
En todo caso, afirmó que la organización se personó en los procedimientos Fórum y Afinsa «con el objetivo único de defender el derecho de personas, no de hacer demagogia ni de abrir nuevas tesis jurisprudenciales», y añadió que la decisión del Supremo «no desvirtúa nuestra naturaleza de organización de consumidores y capacidad de defensa de los consumidores».
Sólo a la vía penal
También puntualizó que la decisión del Supremo se refiere sólo a la vía penal, «en el que somos y seremos muy críticos porque nos parece que la actuación penal de la Fiscalía y la Audiencia Nacional ha sido determinante de la futura condena que esperamos conseguir para el Estado por su responsabilidad patrimonial por la intervención de Fórum».
En mayo de 2007, los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Baltasar Garzón decidieron apartar a la asociación de consumidores Ausbanc como acusación popular por «fraude procesal» en los casos de Afinsa y Fórum Filatélico, ya que consideraron que su defensa pública de la legalidad de las dos empresas, no se correspondía con «el contenido y la finalidad propios de una acusación en un proceso penal».
Respecto a los 1,2 millones de euros recibidos supuestamente por Ausbanc desde las compañías intervenidas, el juez Pedraz decidió remitir el caso a los juzgados de instrucción, mientras que Baltasar Garzón acordó abrir una pieza separada en la Audiencia Nacional para que Ausbanc y su presidente, Luis Pineda, expliquen el origen y destino de las ayudas percibidas.
