(PD).- Las gasolinas se encarecen muy rápido cuando el petróleo sube, pero en cambio bajan muy lentamente cuando los precios del crudo se relajan.
Esta afirmación, que en los últimos dos meses se ha convertido en un sentimiento generalizado, acaba de recibir un primer respaldo oficial.
Como explica Rubén Esteller en El Economista, desde Competencia consideran que hay una menor presión para reducir los precios por mantener sus márgenes.
La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de Competencia asegura en un expediente, fechado el pasado 1 de agosto pero notificado a las partes en septiembre, que las petroleras están fijando los precios de manera indirecta y que esto «supone una menor presión descendente sobre los precios, lo que redunda en una mayor protección de los márgenes».
Marcar los precios
Por este motivo, tal y como ya adelantó elEconomista en julio, este organismo tramitaba la instrucción de un informe que acaba de cerrar en el que acusa a Repsol, Cepsa y BP de marcar los precios de los carburantes, lo que supone un vulneración del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia.
En el informe, que ya ha sido remitido al Consejo de la Comisión Nacional de Competencia, la Dirección de Investigación propone que se inste a las tres compañías para que en el futuro se abstengan de realizar estas prácticas prohibidas y que se imponga a las citadas empresas la adecuación de sus contratos con los empresarios de estaciones de servicio pero, por el momento, no se habla de ninguna sanción económica.
El mercado de hidrocarburos en España está en constante supervisión. El 19 de diciembre de 2005, el Servicio de Defensa de la Competencia inició unas diligencias para comprobar el grado de competencia en la distribución al por menor de productos petrolíferos de automoción en el que se concluyó que el grado de seguimiento del precio máximo que marc an las compañías era de más de un 80 por ciento.
Como consecuencia se acordó, en julio de 2007, abrir un expediente sancionador contra Repsol, Cepsa y BP -que aglutinan casi el 80 por ciento del mercado- por prácticas restrictivas de la competencia.
En dicho expediente, la ya Dirección de Investigación analizó la información de la base de datos del Ministerio de Industria y pidió información a más de 50 estaciones de servicio, entre ellas también algunas de ERG y de Agip, en las que se observó una menor alineación en los precios.
Sin competencia
En el expediente que acaba de finalizar la Comisión se analizan los siete primeros meses de 2007 y abril y mayo de 2008, y concluye que las tablas elaboradas ponen de manifiesto la escasa variación entre los precios de cada gasolinera respecto al valor promedio de cada provincia, y, por tanto, la existencia de una prácticamente nula competencia entre las estaciones de servicio de una misma petrolera o con las demás compañías.
La Comisión destaca además que «es especialmente relevante el hecho de que provincias tan extensas y con tanto y tan variada oferta como Barcelona o Madrid presenten desviaciones típicas muy reducidas».
La CNC dio en julio un plazo de quince días para presentar alegaciones al pliego de cargos a las petroleras y a los gasolineros.
En las mismas, la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio solicitó que se amplíe a otras empresas que, siendo miembros de la Asociación Española de Operadores Petrolíferos, siguen un sistema en la práctica idéntico al analizado en el expediente, y pide que se realicen una serie de pruebas documentales como la petición de facturas a las compañías.
Del mismo modo, las tres petroleras implicadas han solicitado a la Comisión que sus alegaciones sean calificadas como confidenciales.
La institución, no obstante, acordó denegarles a las petroleras una ampliación del plazo de alegaciones y lamenta en el informe que «ninguno de los tres operadores ha presentado versión no confidencial de las alegaciones en el citado plazo, lo que además de imposibilitar a esta Dirección de Investigación la contestación formal de las mismas en el presente Informe Propuesta, podría haber tenido como objeto obstaculizar y reducir el plazo para la elaboración del citado Informe».
Pese a esto, la Comisión de Competencia no se muerde la lengua y asegura que, tras examinarlas, «puede concluirse que ninguna de ellas desvirtúa las conclusiones alcanzadas en el pliego de hechos, de forma que la Dirección de Investigación reitera el contenido de todo lo expuesto en el mismo».
Una larga batalla
La Comisión de Competencia ha decidido también rechazar la petición de pruebas realizada por las petroleras y deja en manos del Consejo de la CNC la decisión de que se practiquen estas nuevas verificaciones.
No obstante, añade un importante aviso a navegantes que «de considerarse acreditados los cargos imputados en la fase resolutoria del presente expediente, el resto de operadores del mercado en cuestión que lleven a cabo prácticas semejantes a las aquí analizadas pudieran verse efectivamente afectadas por la solución que deba ofrecerse para el cese en las mencionadas prácticas».
El sector ha sido objeto de una larga batalla entre propietarios de estaciones de servicio y petroleras, aunque lentamente la Confederación está logrando importantes avances con sus victorias judiciales.
Prueba de ello son los Expedientes del TDC 490/00 y 493/OO en los que se concluía que tanto Repsol como Cepsa habían incurrido en una práctica prohibida consistente en la imposición del precio de reventa en sus estaciones de servicio comisionistas, a los que les era de aplicación la normativa de competencia puesto que asumían riesgos propios de operadores independientes.
Estos extremos han venido siendo confirmados por instancias posteriores y por diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE a preguntas de órganos jurisdiccionales nacionales.
La entrada en vigor de un nuevo Reglamento de Competencia y las obligaciones impuestas por el Tribunal llevaron a adaptar buena parte de los contratos en lo que respecta a: la duración de las exclusivas de suministro y fijación de precios.
