El pufo de Aerolíneas Argentinas

(PD).- Las empresas españolas que han invertido en Argentina han tenido muchos problemas. Telefónica y Santander tuvieron que pasar por un calvario, pero ninguna ha sufrido un trato tan injusto y arbitrario como el grupo Marsans, que ha padecido la expropiación de facto de Aerolíneas Argentinas.

Marsans había comprado en 2001 esta compañía aérea tras la retirada de la Sepi, el holding público español, que había invertido sin éxito una cantidad ingente de dinero para reflotar la empresa.

Marsans tuvo desde el primer momento numerosos problemas, sobre todo, entre los sindicatos, vinculados al peronismo, que hicieron imposible la viabilidad de la compañía.

El Gobierno argentino tampoco colaboró en Aerolíneas, con una absurda política de congelamiento de las tarifas que ahogaba a la empresa en un momento de fuerte subida de los costes.

Los dos propietarios de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual -empresarios de amplia y solvente trayectoria- firmaron el pasado 17 de julio un acuerdo con el Gobierno argentino para traspasarle sus acciones a cambio de un precio que sería fijado por una entidad independiente.

Pocas semanas después, el Parlamento argentino aprobó la nacionalización de Aerolíneas, en la que el Estado argentino no había querido invertir durante dos décadas.

La ley incluía un preámbulo con alusiones insultantes para España y una cláusula por la que el precio sería fijado no ya por un árbitro independiente sino por el propio Gobierno de Cristina Fernández.

Por lo tanto, Aerolíneas vale ahora lo que decida el Gobierno argentino, que, de tasar la empresa a un precio insuficiente, podría provocar que el asunto acabara en los tribunales internacionales. Díaz Ferrán y Pascual la valoran en unos 400 millones de euros.

El asunto será, sin duda, tratado en la visita de Cristina Fernández en octubre a Madrid. La decisión final del Gobierno argentino depende, en buena medida, de la firmeza que muestre Zapatero, que hasta ahora ha apoyado a la empresa española.

La negociación entre el Gobierno argentino y Marsans se va a producir en unos momentos en los que un sector de la CEOE acusa a Gabriel Díaz Ferrán, que es también presidente de la patronal, de ser demasiado condescendiente con la política de Zapatero.

No es una feliz coincidencia, pero aunque Díaz Ferrán fuera un líder empresarial mucho más combativo y crítico, el Gobierno español tendría la obligación de defender sus intereses y evitar que se consume este expolio, que refleja el trato que están sufriendo nuestras empresas en aquel país.

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