(PD).- La crisis de Wall Street no le costará a la Casa Blanca ni 500.000 millones de dólares, como ayer decía «The Washington Post», ni un billón, como calculaba «The New York Times», ni los 2 billones que apuntaba «Los Angeles Times».
De momento, la broma sale por 700.000 millones de dólares (485.000 millones de euros), tanto como costó la guerra de Irak.
Ese es el precio de la «carta a los Reyes» que el Tesoro y la Reserva Federal mandaron ayer tanto a los legisladores demócratas como a los republicanos que, si consiguen mantenerse por encima de líneas partidistas y ponerse de acuerdo, deberían votar los poderes extraordinarios de rescate en una sesión de las cámaras el próximo viernes.
Las medidas anunciadas significan elevar el listón del déficit público de Estados Unidos, ya de por sí escalofriante —10.6 billones de dólares (7.35 billones de euros)— a 11.3 billones de dólares (casi 8 billones de euros).
La magnitud de los números rojos norteamericanos es uno de los argumentos que esgrimen los escépticos ante el plan. También hay quien se sorprende de que de repente pueda salir tanto dinero para esto cuando hace años que no lo hay ni para investigación científica no militar ni para asistencia sanitaria. Precisamente, una de las contrapartidas que piden los demócratas es que todo esto se acompañe de un nuevo paquete de ayudas directas a las familias.
Obligado a cambiar de opinión
¿Y por qué no?, parece pensar el Gobierno, ya lanzado a gastar. El presidente George W. Bush aprovechó ayer una comparecencia en la Casa Blanca junto al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, para decir que 700.000 millones de dólares son «el precio grande de un problema grande», y que a él no le cabe la menor duda de que esta es la solución.
Bush admitió que es una solución que no le gusta y que choca con su filosofía de dejar hacer a los mercados.
«Ese fue mi primer instinto, y ya comprendo que habrá quien se sorprenda de verme cambiar de opinión; pero he tenido que hacerlo cuando los expertos me han prevenido de la magnitud de la crisis», sentenció. Tampoco quiso despedirse sin lanzar un último mensaje de confianza en que sus ideas prevalecerán muy al final. «A largo plazo recobraremos casi todo el dinero y el mercado volverá a ser fuerte», concluyó.
De fondo, las elecciones
Mucho antes de que pase eso, él ya no será presidente. Precisamente el máximo terror de los actuales responsables económicos es que la proximidad de las elecciones enturbie la aprobación del plan de choque. Los contactos políticos son dramáticos y constantes.
Aún así, no es imposible que se acabe optando por aplazar la reunión parlamentaria prevista para el próximo viernes, y con ello aplazar el problema hasta después del 4 de noviembre, fecha de las elecciones.
Si se hace así, la idea sería confiar en que el mero impacto psicológico —que es formidable— de la decisión de la Casa Blanca de ponerse a torear esta crisis baste para contener los peligros hasta pasadas las elecciones. Y el 5 de noviembre será otro día.
No lo ven así en el Tesoro y en la Fed, ávidos de tener manos libres y seguras para actuar cuánto antes. Lo que piden son poderes extraordinarios para comprar activos contaminados por la crisis hipotecaria, haciendo piruetas además para defender a la vez los intereses de los bancos y de los contribuyentes.
No se puede apretar demasiado a ninguna de las dos partes, que aunque a corto plazo parecen tener intereses contrapuestos, a la larga necesitan convivir en armonía.
Sólo empresas estadounidenses
La idea es que estos poderes extraordinarios duren por un periodo de dos años. Sólo entran en el bombo los activos de empresas estadounidenses, e incluso estas tenían que existir con anterioridad al 17 de septiembre de este año. No valen picardías, como crear a toda prisa una firma para echarse en brazos del Estado.
