(PD).- A los Presupuestos Generales de 2008 les quedan aún tres meses de ejecución, pero su suerte está echada. Y para mal. Cualquier parecido de la realidad económica de hoy con las previsiones realizadas por el Gobierno meses atrás es mera casualidad porque los desajustes son flagrantes.
Explica ABC en su editorial que de de nada le va a servir al Ejecutivo escudarse en la negativa evolución del ciclo económico en todo el mundo o excusarse ahora con esa «crisis» que, según dice, no existía antes y ahora no sólo existe, sino que es la mayor que han conocido generaciones enteras.
Frente al superávit previsto para este año, cuarto consecutivo, habrá déficit: los gastos son mayores de los presupuestados y los ingresos, manifiestamente menores.
Por tanto, asistimos a un fracaso sin paliativos del que sus responsables siguen sin querer tomar conciencia, por mucho que la realidad y las cuentas se lo hayan puesto delante de los ojos.
Lamentablemente, el Gobierno continúa con la mirada puesta en el espejo retrovisor, mirando al pasado y esperando un milagro que convierta en números negros los que desde junio son peligrosos números rojos.
Con ese mismo espíritu de vivir anclado en el pasado, el Ejecutivo ha presentado su proyecto de ley de Presupuestos para el año 2009 con una previsión del aumento del gasto público en un 3,3 por ciento.
Por lo conocido ayer, tras pasar por la mesa del Consejo de Ministros y antes de llegar a las Cortes, sus magnitudes esenciales no son creíbles, como no lo fueron las del techo de gasto que el Parlamento aprobó a duras penas en julio.
No son fiables los supuestos básicos, no es creíble el crecimiento estimado del 1 por ciento del Producto Interior Bruto para el año que viene, ni lo son las estimaciones de ingresos o las presunciones de gastos.
Hay que temer menos ingresos, más gastos y mucho más déficit. De hecho, la previsión del Gobierno es que las cuentas del Estado terminen 2009 con 17.100 millones de euros en números rojos, equivalentes al 1,5 por ciento del PIB. Se trata de un déficit preocupante, calculado para poder pagar los caprichos electoralistas de Zapatero, que contraviene la Ley de Estabilidad Presupuestaria y cuyas consecuencias son imprevisibles.
Tampoco para los contribuyentes las cifras resultan esperanzadoras, ya que los Presupuestos no permitirán deflactar la subida del IPC para quienes vean incrementada su retención en el IRPF, y el gasto previsto para garantizar el subsidio de desempleo dada la creciente cifra de parados subirá casi un 25 por ciento.
Además, cada vez son más los flecos por atender: el «sudoku» de la financiación autonómica, el sostenimiento de unos ayuntamientos ahogados económicamente, los ingentes gastos de la ley de Dependencia -en los que las comunidades también tienen mucho que decir- y, por supuesto, la obligación de cumplir con los peajes que exijan las minorías parlamentarias para que Zapatero pueda presumir de sobrevivir un año más sin ver vetadas sus cuentas públicas por el Congreso.
El presidente del Gobierno, que aparenta llevar la manija económica una vez constatado el agotamiento político de Solbes, pretende ajustar la realidad a lo que él mismo percibe -con sus irresponsables y ridículos alardes- como deseable, sin advertir que las primas de riesgo están creciendo y que la «triple A» de la que ha disfrutado España está hoy ya en el alero.
Los de 2009 no son unos Presupuestos para una situación de crisis, menos aún tras el fracaso de las vigentes cuentas públicas, que amenazan con un cierre catastrófico. Las cuentas de la Administración central hasta agosto registraban un déficit de 16.000 millones de euros, cifra que seguirá creciendo hasta fin de año, y las de las administraciones periféricas -que representan más del 50 por ciento de las cuentas públicas consolidadas- amenazan con ser peores que las de la central.
Con estos mimbres, pretender que el déficit del próximo año se sitúe en 17.000 millones es mucho pretender, incluso para un «optimista antropológico» como Zapatero.
