(PD).- Apuntalados, en teoría, los cimientos de la crisis financiera, el Gobierno empieza a descender los peldaños de la economía real. Y, si el pasado lunes fueron las familias las tocadas por el dedo benefactor de Zapatero, a través de un paquete de medidas para facilitar el pago de hipotecas y mitigar los efectos de la destrucción de empleo, ahora les toca a las pymes.
Explica José María Triper en El Economista que, consciente de las dificultades que atraviesa este colectivo de las pequeñas y medianas empresas, que representa el 99% del tejido empresarial de este país, el Ejecutivo está diseñando un plan de rescate, para aliviar los problemas de liquidez y de tesorería que están llevando a muchas de ellas a la suspensión de pagos o, directamente, al cierre de la actividad.
Al igual que en los programas de auxilio a las familias y entidades financieras, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que se ha convertido en el servicio de urgencias del Gobierno, será el principal gestor y ejecutor de estas medidas de socorro para pymes.
Hasta el punto de que una de las propuestas que está, hoy, encima de la mesa, es la de convertir a esta entidad financiera en una especie de Banco Público para atender a determinadas líneas de financiación, fundamentalmente las de apoyo a los emprendedores para la creación de nuevas empresas o nuevas actividades profesionales; y la de incorporación de la innovación tecnológica en los procesos productivos.
Este cambio en el ámbito de actividad del ICO permitiría a la Agencia Financiera del Estado actuar como una entidad financiera directa, modificando su función actual como mediador ante los principales bancos y cajas de ahorro implantados en España, con los que tiene suscritos acuerdos de colaboración y que son los encargados de analizar los proyectos y aprobar la concesión de los préstamos.
