(PD).-El Gobierno ha pensado que lo más conveniente es que se eliminen trabas a la comercialización de las letras, obligaciones o bonos, porque el resto de economías de nuestro entorno se prepara igualmente para emitir volúmenes récord de deuda, lo que significa que se ha dado el banderazo de salida para lograr que inversores privados adquieran los títulos de deuda emitidos para poder pagar el presupuesto de los planes de rescate abordados para intentar combatir la crisis.
Y es ahí, dicen C. Cuesta / E. S. Mazo en Expansión, donde entra el cambio en cuestión que pretende aprobar el Gobierno y que ha sido pactado con CIU a través de una enmienda a la ley que suprime el Impuesto de Patrimonio y modifica «otras normas tributarias», ahora en tramitación en el Senado. La modificación supone literalmente eximir de la obligación de declarar a los no residentes en España por las rentas derivadas de la deuda pública y exentas ya del pago fiscal.
La medida afectará a la deuda privada (acciones preferentes y otros instrumentos de deuda) emitidas por bancos y otras grandes empresas en el caso de que los inversores no sean residentes en España. El cambio legal, de hecho, se complementa con otra enmienda, igualmente transaccional, que traslada el efecto a la regulación de la deuda privada (incluida en la Ley 13/1985).
Los expertos y fuentes de la Administración afirman que la medida supondrá un importante incremento del atractivo de la deuda emitida desde España.
Por un lado, por la eliminación del deber de declarar a Hacienda los beneficios obtenidos gracias a la inversión en estos productos. La declaración no buscaba hasta ahora un fin recaudatorio, puesto que los no residentes no pagan impuestos por estos beneficios, sino que la recopilación de los datos económicos y fiscales de los no residentes se convertía exclusivamente en un motivo de control de sus movimientos.
Además, debe tenerse en cuenta que la exención de pago de impuestos afecta sólo a los no residentes, por lo que el sistema de control pretendía garantizar que no existiese fraude a través de la supuesta compra de deuda por nacionales que se hacían pasar por extranjeros.
Fuentes conocedoras de la reforma aclaran que, por otra parte, la eliminación del deber de declarar supondrá una importante reducción de trámites de control y papeleo que se convertían en costes en la comercialización y, por tanto, en pérdidas de atractivo de los compradores al adquirir estos títulos en los mercados internacionales.
