(PD).- Una vez desatada la caja de los truenos con la polémica sobre los costes del despido, la patronal vuelve a la carga con la tramitación de los expedientes de regulación de empleo.
Así, tras defender hace unos meses que los ERE suponen «el sistema más saludable» para ajustar plantilla en tiempos de crisis, este martes el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha reclamado que los expedientes no estén sujetos «para nada» a la autorización de la Administración para conseguir, entre otras cosas, una mayor rapidez en su tramitación y que «no se eternicen».
No obstante, el jefe de la patronal no ha desaprovechado su intervención en el Foro Nueva Economía Fórum, patrocinado por la Fundación ONCE y Caja Navarra para reiterar la «necesidad ineludible» de abaratar los despidos tras «dejar claro» que los empresarios no quieren despedir a ningún trabajador y que cuando se ven obligados a reducir plantilla es para salvar a la empresa y al resto de sus empleados.
Asimismo, Díaz Ferrán ha insistido en afirmar que los empresarios «nunca» han «pedido despido libre» puesto que ya existe, «pero es carísimo» y ese precio penaliza la contratación. En su lugar, aboga por establecer un contrato más «moderno», que contemple una indemnización por despido de 20 días por año para generar más «confianza» en los empresarios, sobre todo en las pymes, y así crear más empleo.
Díaz Ferrán ha recordado en este punto que aproximadamente hay entre un 45 y 50% de trabajadores que tienen un contrato indefinido y si la empresa quiere prescindir de ellos debe pagar 45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades, mientras que cerca de un 30% tienen contratos temporales por el que perciben, si son despedidos, 8 días por año.
En respuesta al portavoz económico del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, que también ha intervenido en el acto y ha negado que el PP defienda el abaratamiento del despido, Díaz Ferrán ha mostrado su desacuerdo y ha reiterado la «necesidad ineludible» de abaratar dicho coste para evitar que cuando la recesión «toque fondo» se pueda solucionar la situación de forma más rápida.
Por otro lado, ha indicado que los empresarios siguen necesitando financiación, si bien ha dicho que «no existen problemas entre empresas y entidades financieas», a lo que ha añadido que bancos y cajas están haciendo «lo que pueden». «Sabemos cuáles son nuestros problemas», ha enfatizado. Peor es su balance de la actuación del Ejecutivo, ya que considera que sus medidas son «insuficientes» y, concretamente, ha pedido una modificación de las líneas del ICO para que el organismo asuma más riesgos, llegue a empresas más grandes y dé más margen a las entidades colaboradoras.
Para el Gobierno, que ha reiterado con contundencia que toda reforma laboral pasa necesariamente por la mesa del diálogo social y que la crisis no se superará reduciendo la protección social, entienden que los ERE son una herramienta válida «si se utilizan bien» aunque ha asegurado que, ante la coyuntura actual, se mostrará «vigilante» a la hora de autorizarlos.
Según afirmó el ministro de Trabajo en una reciente entrevista a EL PAÍS, «los ERE son un buen instrumento y, como tal, tiene un objetivo, que es ajustar plantillas en una determinada coyuntura para preservar tejido industrial y el máximo número de puestos de trabajo. Está bien concebido. Pero como todas las cosas, las leyes, por buenas que sean, siempre tienen resquicios», aseguró.
