(PD).- La pugna entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por hacerse con el control de Caja Madrid acabará en los tribunales tras aprobar este jueves la Junta de Gobierno del consistorio madrileño presentar un recurso contra los nuevos estatutos de la entidad financiera.
En concreto, el Ayuntamiento señaló que emprenderá acciones judiciales para defender su representatividad en los órganos de gobierno de Caja Madrid, ya que con los nuevos estatutos pasará a tener sólo 24 representantes en lugar de los 70 actuales, mientras que Majadahonda, con sólo un 2% de la población de Madrid, subirá de 1 a 8.
El recurso contencioso administrativo se interpondrá de forma inmediata para solicitar la anulación de la resolución del consejero de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, de 3 de marzo de 2009, por la que se autoriza el proyecto de estatutos y reglamento electoral de Caja Madrid.
Asimismo, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, señaló en rueda de prensa que el Ayuntamiento ha solicitado medidas cautelares para evitar que se produzca «un perjuicio irreparable para el Ayuntamiento» ante la votación de los estatutos en la Asamblea de la caja el próximo día 23.
Actitud «incongruente»
Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, calificó de «incongruente» la actitud del Ayuntamiento, porque todavía no han sido aprobados los estatutos y porque los representantes del consistorio en el consejo de Caja Madrid habían dado su voto favorable a los nuevos estatutos. En ese aspecto, precisó que no quería pensar que desde el Ayuntamiento se pretenda «amedrentar» a los componentes de la Asamblea de la caja para que reorienten su voto.
Sin embargo, el acuerdo que adoptó el consejo de administración de Caja Madrid el jueves pasado fue remitir los nuevos estatutos a la Asamblea de la entidad para que los vote el día 23, y lo hizo «por imperativo legal».
De hecho, 14 de los 21 miembros del consejo manifestaron su rechazo «frontal» a la modificación de los estatutos y la calificaron de «anticonstitucional, ilegal, innecesaria, no consensuada» y como una «grave injerencia política que no respeta la representatividad y la igualdad de los sectores».
La Consejería de Economía de la Comunidad considera completamente «legítima» la modificación en que se limita la representatividad de las corporaciones de acuerdo con una sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de diciembre de 1992 referente a Caja Murcia.
