(PD).- La detención del alcalde del PP de Andratx (Mallorca), Eugenio Hidalgo, por presuntos delitos urbanísticos fue el ensayo general de lo que viene sucediendo en Baleares desde el mes de julio de 2007, cuando los partidos que habían perdido las elecciones -PSOE, Izquierda Unida, Los Verdes, Partido Socialista de Mallorca, Esquerra Republicana de Catalunya y Unió Mallorquina- desalojaban de las instituciones de las islas al PP, que había obtenido el mayor respaldo electoral de su historia, el 47%.
Según cuenta la revista Época, las primeras decisiones del nuevo Gobierno fueron destinar un refuerzo de 60 personas al servicio de Intervención con la única misión de levantar alfombras, rastrear en todas las consejerías e investigar hasta el último céntimo la gestión del Ejecutivo popular del cuatrienio anterior.
La pauta común en todas las causas iniciadas contra personas vinculadas, de una u otra manera, al Partido Popular es que no hay declaración, indagación o diligencia que no sea de inmediato conocida por los medios.
Más por algunos medios que por otros, todo hay que decirlo. Periódicos como El País o Diario de Mallorca se han constituido en piezas esenciales de la estrategia informativa del Gobierno autonómico y/o de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, sin desdeñar lo productivos que resultan los cafés que se toma en el bar de la esquina uno de los fiscales anticorrupción con un columnista dominical del diario Última Hora.
Otro patrón de funcionamiento común en los casos asociados al PP: el Gobierno autonómico recopila la información y, a partir de su traslado a la Fiscalía Anticorrupción, se inicia el espectáculo mediático: primero las esposas para los presuntos implicados y las preceptivas horas de calabozo. Luego, las preguntas. Los detalles del sumario, a pesar del secreto que sobre los mismos pueda pesar, son conocidos públicamente en tiempo real.
La diferencia es sustancial en aquellos casos en los que están imputadas personas vinculadas al PSOE o a alguno de sus partidos coaligados. La causa no se inicia de oficio, siempre a partir de la denuncia de algún particular. No hay detenciones, ni registros espectaculares, y las imputaciones, en cuentagotas y cuando no ha sido posible directamente el archivo judicial.
‘Caso Son Oms’
Adopta el nombre del predio mallorquín (670.000 metros cuadrados), objeto de recalificación urbanística por parte del Consejo Insular de Mallorca, que dirigía la actual presidenta del Parlamento de Baleares, María Antonia Munar.
Se investigan presuntos delitos contra la Hacienda Pública, de falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, estafa continuada y cohecho. El portavoz parlamentario de Unió Mallorquina, Bartomeu Vicens, y su esposa eluden la prisión preventiva mediante una fianza de 140.000 euros entre los dos y 8.000.000 euros por responsabilidad civil. El Gobierno de izquierdas de Francesc Antich (PSOE) saca adelante sus iniciativas, gracias al voto del diputado Vicens, que no está en la cárcel por disponer de todo ese dinero.
Maximiliano Morales, ex presidente del Parlament por Unió Mallorquina, y Bartomeu Cerdá, ex concejal de Palma por el mismo partido inscriben sus nombres en la relación de imputados. La presidenta del Parlamento ni siquiera ha sido citada para declarar como testigo.
‘Caso Plan Territorial de Mallorca’
Un grupo ecologista denuncia al Consejo Insular de Mallorca de María Antonia Munar por supuestas irregularidades urbanísticas que podrían haber conllevado plusvalías superiores a los 300.000.000 euros. La investigación duerme en los despachos de la Fiscalía Anticorrupción.
‘Caso Ca’n Domenge’
Es una finca de 52.600 m2, en Palma, objeto de una operación urbanística de altos vuelos tramitada por el Consejo Insular de Mallorca, con el fin de construir viviendas de alto standing, según el proyecto encargado por la empresa adjudicataria, Sacresa-Ferrà Tur, al prestigioso arquitecto Jean Nouvel. Es el primer caso en la historia de enajenación de un terreno público en el que la Administración fija un precio máximo de 30.000.000 euros.
La empresa Núñez y Navarro ofrecía el doble, 60.000.000. Núñez y Navarro denuncia al Consejo Insular de Mallorca por un presunto delito de malversación. La entonces presidenta de la institución Insular, María Antonia Munar, ni siquiera ha sido citada a declarar.
‘Caso La Piñata’
Así es como periodísticamente se conoce la trama de subvenciones del Consejo Insular de Mallorca a personas y entidades vinculadas al partido de Munar, acusada por un particular. La propia Agencia Tributaria ratifica la existencia “de facturas falsas o facturas que no obedecen al fin de la subvención”, reclamando la necesidad de desarrollar más averiguaciones.
