(PD).- Thomas Malthus sospechaba erróneamente que, mientras la población crece en progresión geométrica, la producción de alimentos lo hace en progresión aritmética y, en consecuencia, debemos elegir entre el hambre y la esterilidad.
Escribe Manuel Martín Ferrand en ABC que el tiempo le ha quitado la razón al economista británico; pero el maltusianismo, aplicado al gasto público en España, es algo cierto y comprobable.
Por mucho que crezca la recaudación fiscal, su caudal siempre resultará insuficiente para atender la demanda y el capricho de los administradores públicos. Es más, mientras la ley del rigor no obligue, incluso penalmente, a quienes tienen la responsabilidad del gasto, la malversación será perpetua y el déficit publico inconmensurable.
Ángel Collado trajo ayer a estas páginas una denuncia que, especialmente en temporada declarativa del IRPF, solivianta el ánimo de los contribuyentes. Las Autonomías, esos 17 agujeros por los que se escapan a chorros los fondos del Estado, mantienen 196 «embajadas» por el mundo. Las dependientes de Exteriores sólo son 119.
Una vez más, el Título VIII de la Constitución sirve de apoyo para una interpretación caprichosa, posiblemente inconstitucional, de las funciones propias de cada uno de los gobiernos que, sobre los municipales y bajo el de la Nación, organizan la Administración pública española.
La Ley de los Presupuestos Generales del Estado y sus derivadas autonómicas son las más vulneradas entre cuantas están en vigor; pero no consta que los transgresores sean conducidos por la Guardia Civil, sentados ante un juez y, en su caso, trasladados a prisión. Si un ciudadano raso, por incumplir un precepto del Código de la Circulación puede ser inhabilitado para conducir un automóvil, ¿por qué no les pasa nada a quienes, con el mayor compromiso de haber sido elegidos democráticamente, no cumplen lo establecido en los Presupuestos?
Todas las leyes que proclama el Legislativo y que ha de interpretar y hacer cumplir nuestro sistema Judicial obligan, con preferencia, a los integrantes del Ejecutivo. Esas «embajadas» de las Autonomías, fuente de corruptelas y bicocas, funcionan contra el principio de centralidad del Estado, son ilegales.
El que cada cual se establezca por su cuenta es, además, un despilfarro y un modo eficaz de hacer el ridículo planetario, ese que tanto emociona a Leire Pajín, intelectual de izquierdas.
