(CONFIDENCIAL PD).- Circula por los despachos de los altos ejecutivos de la banca española un informe que les deja en evidencia. Más de uno se ha sonrojado -nos cuentan- al ver los estropicios financieros que nos llevaron a este crisis que parece no dar síntomas de recuperación. Sus conclusiones son para echarse a temblar.
Algunos bancos extranjeros importaron a España y llevaron aquí al extremo las prácticas hipotecarias más agresivas que aplicaban en otros países y que eran, hasta ese momento, relativamente desconocidas en el mercado español: concesión de préstamos de muy alto loan to value, a clientes que se considerarían subprime por su alto nivel de endeudamiento, su reciente residencia en España, inestable situación laboral, deudas pre-existentes… Adicionalmente, adoptaron modelos de “baja documentación” que apoyase la capacidad de pago.
Ello, combinado con las debilidades inherentes del mercado español (posibilidad de emplear a tasadoras más agresivas, cierta opacidad en el monto verdadero de la transacción de compraventa), creó una situación de “lo peor de los dos mundos”.
Como resultado, las carteras crediticias de estos bancos (o establecimientos de crédito) son de tan baja calidad, que no sólo sus ratios de morosidad son mucho peores que los de ningún banco o caja españoles, también son con diferencia peores que los de cualquier cartera de esos bancos a nivel internacional, e incluso peores que los de carteras subprime en EEUU.
Estas entidades decían protegerse ante la posible pérdida con pólizas de seguro de crédito hipotecario (mortgage insurance). No obstante, este tipo de seguro requiere que las carteras que se cubran sean prime, con una serie de criterios de concesión restrictivos. Rápidamente los aseguradores se dieron cuenta de la naturaleza sub-prime de los créditos originados, y de la falta de diligencia en los procesos de suscripción, por lo que decidieron cancelar la protección para nuevos créditos.
Asimismo, auditaron las carteras originadas en detalle, y han estado informando a los bancos, no sólo que estas carteras no se encuentran protegidas (con la consiguiente potencial situación de déficit de provisiones en esos bancos), sino que los procesos seguidos por esas entidades podrían haber facilitado transacciones fiscalmente opacas, e incluso blanqueo de dinero (pagando el importe de la hipoteca al comprador, no al vendedor, y frecuentemente en forma de cheques al portador, incluso en efectivo). Esos procesos, que en el mejor de los casos facilita financiar ocultamente otras actividades del prestatario bajo la apariencia de una hipoteca para la compra de una vivienda, hubieran sido absolutamente inaceptables en los países de origen de esos bancos, y se llevaron a cabo en España ante la pasividad de los departamentos de compliance de estos bancos.
Se da la circunstancia de que algunas de éstas instituciones (Halifax) han sido en la práctica nacionalizadas en sus países de origen, y otras han reconocido los problemas de sus subsidiarias y están en proceso de remodelación (Deutsche Credit). No obstante, ninguna de ellas ha decidido “tomar el toro por los cuernos” aceptando los resultados de las auditorías y las propuestas para acuerdos de resolución “amigables” de las aseguradoras. Ello habría implicado que los bancos aceptaran su parte de responsabilidad, provisionando y haciendo limpieza. Han preferido, no obstante, litigar contra los aseguradores como una medida dilatoria, incluso desesperada.
