Cuando se habla de ahorrar de cara a la jubilación, lo primero en lo que se piensa es en mantener un nivel de vida similar al de los últimos años de la vida laboral activa, por lo que a la capacidad de gasto se refiere, dado que la pensión pública es inferior al último salario percibido y lo será aún más a medida que las sucesivas reformas de la Seguridad Social surtan los efectos esperados de ellas. Pero hay una segunda razón importante para justificar el ahorro previsional que suele pasarse por alto: la atención cuando se alcanza una edad avanzada.
Gracias a la mejora en la alimentación y a los avances en la medicina moderna, las personas vivimos más tiempo y con mejor estado de salud. Pero siempre llega un momento determinado en que, por lógica de la vida, el cuerpo empieza a fallar.
Surgen los achaques, los problemas de salud y, no digamos, las enfermedades mentales ligadas con la edad, como, por ejemplo, el Alzhéimer o la demencia senil. De hecho, diversos estudios indican que, en la actualidad, la mitad de las personas mayores de 85 años sufren, o están en riesgo de padecer, algún tipo de deterioro de su salud mental como consecuencia de su avanzada edad. En resumen, sea por la razón que fuere, lo normal es que la mayor parte de las personas puedan necesitar algún tipo de ayuda, o de cuidados, a medida que envejecen.
La solución más normal en esos casos sería irse a una residencia para mayores. El problema es que no todo el mundo puede permitírselo. Por término medio, el coste mensual de un servicio de este tipo en una residencia asistida es de 1.700 euros al mes por persona. Si se tiene en cuenta que la pensión media en España se sitúa en estos momentos en mil euros mensuales, resulta evidente la imposibilidad de poder financiar ese gasto si la persona no dispone de un ahorro acumulado a lo largo de su vida, o una vivienda que pueda utilizar para conseguir una renta mediante su venta, su alquiler o la contratación de una hipoteca inversa. Por supuesto, hay residencias más baratas, como las de titularidad pública o las gestionadas por distintas órdenes religiosas, pero ni cuentan con plazas suficientes para todo el mundo ni las condiciones de confort y comodidad son las mismas que en las residencias privadas.
Y, en cualquier caso, hasta en ellas hay que pagar algo, salvo que la persona sea pobre de solemnidad.
En relación con las residencias y su financiación hay que tener presente un segundo aspecto. En muchas residencias solo se admite a la persona cuando todavía puede valerse por sí misma. De esta forma, parte del dinero que paga va a financiar los gastos de quienes necesitan ayuda, de la misma forma que después, si llega el caso, las mensualidades de otros residentes financiarán sus necesidades. Es un sistema de cálculos actuariales como los de los seguros. Esto quiere decir que, si se piensa en una residencia, probablemente hay que considerar un horizonte temporal más amplio que los años estrictamente en los que se necesita ayuda, con lo que la cantidad ahorrada para este fin debe ser mayor.
La alternativa a la residencia son los cuidados y la atención en el domicilio, pero éstos también cuestan dinero. Por término medio, una persona que esté ocho horas al día, de lunes a viernes, al cuidado de los mayores, viene a costar en España unos 800 euros mensuales, más la cotización a la Seguridad Social por el trabajador que tiene que realizar el empleador. Si la persona no necesita atención las 24 horas del día, o los familiares pueden hacerse cargo de ella el resto del tiempo, esta alternativa podría ser viable y no necesitaría que se hubiera ahorrado mucho dinero para poder financiarla. Pero si se necesita atención las 24 horas y los familiares no pueden atender debidamente a la persona, entonces se convierte en algo mucho más caro que las residencias y, en consecuencia, se necesita haber acumulado mucho más ahorro para poder financiarlo.
Por supuesto, hay muchas localidades en España con redes de voluntarios que ayudan a las personas mayores en sus hogares. También existen algunos programas municipales con el mismo fin, pero de alcance limitado dada la falta de recursos económicos de los ayuntamientos. Y aunque la ley de dependencia deja a las autonomías a cargo de la financiación de la atención a las personas mayores, éstas apenas dedican recursos a este fin. En consecuencia, a la hora de ahorrar de cara a la jubilación también hay que tener en cuenta todo lo relativo al cuidado que necesitaremos cuando, al hacernos mayores, empecemos a dejar de valernos por nosotros mismos.
