El número de lanzamientos o desahucios practicados en España en el primer trimestre de 2019 por impago de alquiler aumentó un 5,2% hasta 10.224, si bien el número total de desahucios se redujo entre enero y marzo un 2,2%.
Según los datos publicados este 10 d ejunio por el CGPJ, el número de desahucios practicados durante el primer trimestre alcanzó la cifra de 15.065, un 2,2% menos tras quince trimestres consecutivos a la baja, y de ellos un 65,9% (10.224) fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
El informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales muestra que un 27,9% (4.341) de los lanzamientos fue consecuencia de ejecuciones hipotecarias, y los 994 restantes obedecieron a otras causas.
Desglosados los datos por comunidades autónomas, Cataluña (con 3.557, un 22,9 % del total nacional) ha sido la región en la que se practicaron más lanzamientos, seguida de (2.499), Comunidad Valenciana (2.119) y Madrid (1.730).
Si se tienen en cuenta únicamente los derivados del impago del alquiler, Cataluña ocupa también la primera posición (2.335, el 22,8 %), seguida por Andalucía (1.422), Madrid (1.365) y Comunidad Valenciana (1.254).
En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía (914), seguida por Cataluña (826); Comunidad Valenciana (787) y Murcia (417).
«El aumento imparable de los lanzamientos derivados del alquiler hace imprescindible una regulación de las subidas de precios en las zonas urbanas», han asegurado desde Adicae tras conocer los datos.
La asociación de usuarios bancarios considera imprescindible la «modificación urgente» de la LAU, así como «fijar un índice de precios máximos por zona en relación directa con el SMI, con el nivel de renta por habitante y la tipología de la vivienda». Para poder frenar esta burbuja del alquiler, desde Adicae proponen» una partida de presupuesto mayor para aumentar el paquete de viviendas sociales en España y su revisión periódica de uso y condiciones»
. También, «una bolsa con viviendas desocupadas para ponerlas en el mercado como vivienda social en alquiler»
