El Gobierno tiene en mente que a partir del mes de mayo se produzca la salida de la población de forma paulatina. Uno de los temas que se plantean es lo que pasará con el teletrabajo, una medida importante para detener los contagios por coronavirus y que las empresas pueden continuar operando.
Según confirmaron fuentes del Ejecutivo, desde el Gobierno están estudiando prorrogar durante dos meses que el teletrabajo sea prioritario, así como el derecho de los trabajadores con deberes de cuidado a adaptar o reducir su jornada laboral. Estas dos medidas fueron aprobadas por el Gobierno en el Real Decreto-ley de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Tal y como se plantea en un borrador de medidas al que han tenido acceso varios medios, el texto contemplaría que las empresas que actualmente están llevando a cabo el teletrabajo lo extendieran hasta julio, si se toma como referencia que el estado de alarma finalizase el 10 de mayo. Sin embargo, aún no está fijada la fecha en la que se aprobaría el decreto, que podría no salir adelante o sufrir cambios al ser un borrador.
El Gobierno estudia otras medidas relacionadas con la financiación de pymes y autónomos
El Ejecutivo también baraja aprobar otra serie de medidas relacionadas con la financiación de pymes y autónomos, de protección a las personas que durante la crisis del coronavirus han sido despedidas en periodo de prueba, así como la posibilidad de que las empresas de sectores esenciales puedan presentar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) para la parte de su actividad no considerada esencial.
Según este proyecto, se estudia prorrogar durante dos meses que los trabajadores puedan adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo (menores, mayores o dependientes), por el cual han podido desde el inicio de la crisis acogerse a una reducción de hasta el 100% (en ese caso sin sueldo), sin que puedan ser sancionados o despedidos por ello. La reducción debe comunicarse a la empresa con 24 horas de antelación. Lo que según el Gobierno, «es una medida fundamental para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad y se entenderá como el derecho individual de cada uno de los cuidadores».
