El pufo es monumental y en llueve sobre mojado, porque los pardillos delo Gobierno PSOE-Podemos ya la habían pifiado antes con los test chungos chinos.
El ministerio de Sanidad ha ordenado a las comunidades autónomas retirar las mascarillas N95 Garry Galaxy, después de que un informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social haya avisado de que no cumplen con la normativa europea.
Cenetenares de sanitarios de toda España se encuentran aislados por exponerse al coronavirus usando estos ejemplares.
Se trata de unas mascarillas autofiltrantes, plegadas, con pinza nasal y con un arnés consistente en cintas elásticas que pasan por detrás de las orejas.
Fueron distribuidas por el Ministerio de Sanidad a algunos Gobiernos Autonómicos, como el de Aragón y el de La Rioja y han sido empleadas hasta ahora tanto por personal sanitario como por trabajadores asistenciales de Servicios Sociales y residencias de mayores.
La retirada ha sido ordenada después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social haya emitido un informe con los resultados de un análisis solicitado por el Hospital Universitari Parc Taulí de Barcelona, determinando que no cumplen con los requisitos indicados en la norma europea al respecto recogida por la Asociación Española de Normalización, UNE-EN- 149:2001+A1:2010.
EL PUFO
Lo tremendo, como desvela José María Olmo este 22 de abril de 2020 en El Confidencial, es que el Gobierno Sanchez Iglesias pagó por adelantado 23,8 millones de euros a un intermediario chino por las mascarillas ‘fake’ que han tenido que ser retiradas de los hospitales por no cumplir con los estándares mínimos de seguridad.
Según revela el contrato de adquisición, que no fue publicado hasta este martes, la Dirección General de Cartera Común y Farmacia del Ministerio de Sanidad compró 2,1 millones de mascarillas defectuosas. Ni el coste ni el número de unidades habían trascendido hasta ahora.
El material que presenta problemas fue fabricando por la compañía china Garry Galaxy, pero el Ejecutivo no las compró directamente a esa empresa, sino a un bróker de suministros sanitarios del mismo país llamado Hangzhou Ruining Trading Co. Ltd.
Se trata de un modelo de protección de nivel FFP2, uno de los más altos, especialmente indicado para personal médico. Además de las mascarillas FFP2 Garry Galaxy, Sanidad también recurrió al mismo intermediario para conseguir otros 6 millones de unidades FFP2 de la marca Shangay Dasheng Health Products Manufacture Co. Ltd y 700.000 de idéntica protección al fabricante Henan Yadu Industrial.
El contrato se firmó el 20 de marzo. El importe de los tres lotes ascendió a un total de 23.886.677 euros, a los que después se sumaron «tasas, aranceles y 10% en otros gastos» que elevaron el coste definitivo a 31.291.547 euros. Sanidad tuvo que saltarse el procedimiento habitual de licitación pública para cerrar la adquisición.
El pliego especifica que Hangzhou Ruining Trading Co. Ltd. exigió el pago por adelantado del 100% de los 23,8 millones de euros del material y el departamento de Salvador Illa transfirió los fondos.
El cargamento llegó a España y fue rápidamente distribuido por hospitales y centros sanitarios de toda la geografía nacional.
Sin embargo, el pasado 15 de abril, casi un mes después de la adquisición y después de que varias autonomías advirtieran de que las mascarillas Garry Galaxy no cumplían con la normativa de seguridad, el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo certificó que esos 2,1 millones de ejemplares suponían un serio riesgo para el personal médico. En concreto, se descubrió que sólo tenía una capacidad de frenar la filtración del 70%, muy lejos del 92% mínimo para ese nivel.
El Ejecutivo informó entonces de la incidencia a todas las comunidades y se procedió a la retirada del lote.
Se desconoce la cifra exacta de médicos, enfermeros, celadores y otros profesionales de la sanidad que llegaron a usarlas, pero representantes del sector han anunciado en los últimos días que hay centenares de trabajadores en aislamiento como medida de precaución.
