Los efectos de la pandemia del coronavirus son más que evidentes, un reflejo de ello son los datos de abril sobre empleo. Según los cálculos de Fedea, unos 8,4 millones de personas en activo no trabajaron en abril, incluyendo en esta cifra los parados registrados, afectados por ERTE y beneficiarios de la prestación por cese involuntario de actividad en la pandemia del COVID, esto eleva hasta el 36,4% la tasa de paro efectiva.
Fedea apunta que se trata de una cifra «muy preocupante si persiste más de algunas semanas». La proclamación del estado de alarma a mediados de marzo supuso el cierre de buena parte del comercio y los servicios presenciales y el confinamiento de la población en sus casas excepto para compras y gestiones de primera necesidad o para asistir al trabajo.
El informe prevé que el gasto del conjunto de las Administraciones Públicas españolas aumentará en 2020 en casi 50.000 millones de euros en relación a 2019, mientras que los ingresos tributarios se reducirán en una cuantía similar, «dejándonos con un déficit presupuestario de 133.000 millones (casi el 12% del PIB) a los que hay que sumar vencimientos de deuda por un importe de otros 167.000 millones para llegar a unas necesidades totales de captación de recursos de unos 300.000 millones o el 27% del PIB, lo que supondría un reto casi imposible sin la ayuda de las instituciones europeas».
Fedea considera que en materia económica, la medida más importante que se ha adoptado durante estas últimas semanas «ha sido seguramente» el decreto ley que da forma legal al acuerdo alcanzado con los agentes sociales para desvincular los ERTEs por fuerza mayor del estado de alarma. El organismo considera que este acuerdo «es un paso en la dirección correcta» pero resulta «insuficiente» para despejar la incertidumbre existente sobre el proceso de retirada de estas ayudas.
Así mismo indica que sería necesario fijar «criterios explícitos» para la extensión de los ERTE por fuerza mayor en los sectores que lo puedan necesitar y establecer un mecanismo de reducción gradual de las ayudas que debería incluir la conversión automática, al menos en determinados sectores, de los ERTEs por fuerza mayor en otros por motivos económicos sin trámites adicionales, así como contemplar la posibilidad de retrocesos temporales del proceso de desescalada.
Fedea estima que debería eliminarse la obligación de mantener el empleo por seis meses, «que puede poner en peligro la viabilidad de muchas empresas». La excepción que se ha añadido, por riesgo de entrar en concurso, supone una «exigencia excesiva y de difícil comprobación», que también agrava la inseguridad jurídica a la que se enfrentan las empresas tras la finalización del estado de alarma.
