La okupación de viviendas ha caído un 65% desde octubre

La Comunidad de Madrid «declara la guerra» a la okupación por su «elevado coste social, legal y económico»

La Comunidad de Madrid destina 4 millones de euros anuales a seguridad, reparación y bunkerización del parque de viviendas de la AVS

La Comunidad de Madrid "declara la guerra" a la okupación por su "elevado coste social, legal y económico"

El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha asegurado este domingo 23 de agosto que el Gobierno regional «declara la guerra a la okupación« por su «elevado coste social, legal y económico».

El consejero visitó una vivienda del madrileño distrito de Tetuán en la que se han instalado medidas de seguridad para evitar que sea okupada y ha comprobado el sistema de blindaje de puertas y ventanas que se retiran una vez que se entrega la vivienda a la familia que le corresponde y que después se instalan en otros domicilios susceptibles de ser okupados.

Cabe destacar, que la Comunidad destina 4 millones de euros a la seguridad, reparación y bunkerización del parque de la Agencia de Vivienda Social (AVS).

A este respecto, la Comunidad de Madrid ha logrado reducir hasta en un 65% la okupación de viviendas mediante el método conocido popularmente como patada en la puerta o el asalto, desde que se puso en marcha la Mesa regional contra la Ocupación, en octubre de 2019.

En una de las más de 23.200 viviendas sociales, Pérez ha defendido la “tolerancia cero a la okupación por su coste social, al impedir que las familias puedan habitar “la vivienda que les corresponde”; por el coste legal, ya que “se pisotea el derecho a la propiedad privada”; y por el coste económico que supone “reconstruir las viviendas desokupadas”, que puede ascender hasta los 30.000 euros.

El consejero ha resaltado la labor conjunta con la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, en la Mesa de Vivienda y Ocupación, a través de la cual se han reunido con el decanato de jueces, con la Fiscalía.

Del mismo modo, se han elaborado protocolos e interpuesto denuncias «contra las mafias», además de solicitar un cambio en la legislación para que las comunidades autónomas puedan luchar contra la okupación.

«Tenemos claro al lado de quien estamos, de los ciudadanos que pagan impuestos y quieren respeto y orden, nunca estaremos al lado de los que pisotean la Ley y vulneran la propiedad privada y mucho menos de los que provocan problemas de seguridad y convivencia», ha sentenciado.

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Autor

Yéssica Salazar

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo. Con Máster en Gerencia y Tecnologías de la Información. Con infinito amor por el periodismo y los medios audiovisuales que me han permitido conocer nuevos senderos, diferentes y desconocidos.

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