Tenía sólo 63 años Francisco Javier Guerrero.
El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, principal imputado en el caso de los ERE fraudulentos y uno de los condenados, ha fallecido este 11 de octubre de 2020 por la mañana en su domicilio de la capital andaluza, según ha informado a Efe su abogado, Rafael Ramírez.
Guerrero se empezó a encontrar mal sobre las 6:00 horas y, a la espera de la realización de la autopsia, la causa de la muerte podría haber sido un infarto.
Fue director general de Trabajo de la Junta entre octubre de 1999 y abril de 2008 y la Audiencia de Sevilla le condenó hace un año en la pieza política de los ERE a siete años, once meses y un día de cárcel, así como a 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por delitos continuados de malversación e inhabilitación.
Guerrero fue uno de los primeros cargos de la Junta de Andalucía citados en esta macrocausa por la jueza instructora, Mercedes Alaya, quien, en marzo de 2012, decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Volvió a la cárcel un año más tarde, días antes que su conductor, Juan Francisco Trujillo, quien recibió ayudas aprobadas por Guerrero por importe de 1,3 millones para empresas inexistentes y que acusó al director general de Empleo de encargarle la compra de cocaína.
«Fondos de reptiles»
Ha sido un protagonista crucial en el caso de los ERE, pues las investigaciones iniciales de la jueza Alaya dieron un avance cualitativo tras conocerse que el director general de Empleo declaró a la Policía Nacional, en diciembre de 2010, que estas ayudas sociolaborales, consignadas en la partida 31-L de los presupuestos de la Junta de Andalucía, se repartían a modo de «fondo de reptiles».
La Fiscalía le atribuye un papel destacado en todo el proceso de concesión de las ayudas sociolaborales de los ERE, ya que algunas las repartió entre familiares y amigos, sin ningún sometimiento a las normas, y no hizo nada por arreglarlo ni por desvelarlo.
El fiscal había solicitado para Guerrero ocho años de cárcel y veinte de inhabilitación por un delito continuado de malversación, así como diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por otro delito de prevaricación.
Junto a esta condena, Guerrero acumuló otras sentencias en contra por el caso de los ERE, como la del Tribunal de Cuentas que le condenó a devolver 3,8 millones de euros por una ayuda de los ERE a la empresa A Novo Comlink. Otro fallo del mismo tribunal también le condenó a devolver 100.000 euros concedidos a la empresa sevillana Rodatextil con una subvención carente de justificación y concedida «sin cobertura legal» y sin cumplir los requisitos ni los procedimientos establecidos
Francisco Javier Guerrero se encontraba en libertad a la espera de los recursos presentados ante el Tribunal Supremo.
UN CASO INTERMINABLE
El caso de los ERE, donde le han casido seis años de cárcel al expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán y nueve de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, comenzó en enero de 2011 cuando la jueza Mercedes Alaya, que investigaba entonces el caso Mercasevilla, abrió unas diligencias nuevas tras detectar en varios expedientes de regulación de empleo ‘intrusos’ que, sin haber trabajado en las empresas, estaban cobrando prejubilaciones a cargo de ayudas públicas que se habían dado presuntamente sin cumplir la legalidad.
Eran los primeros hilos de una trama de corrupción que, siete años después, llevó al banquillo a dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía y a varios exconsejeros acusados de malversación y prevaricación por la creación y mantenimiento de un sistema que repartió, según la Fiscalía, 680 millones a empresas en crisis de forma «discrecional» y «arbitraria»:
- 24 de abril de 2009. Mercasevilla, el origen de todo
El PP denuncia que dos exdirectivos de Mercasevilla -que finalmente fueron condenados por cohecho- intentaron cobrar una comisión ilegal de 450.000 euros a unos empresarios a cambio de concederles la gestión de una escuela de hostelería. Además de esta irregularidad, la investigación judicial destapó una supuesta venta irregular de terrenos de la empresa pública y la existencia de un ‘intruso’, militante del PSOE, como beneficiario de uno de los expedientes de regulación de empleo de Mercasevilla sin haber trabajado nunca en esta empresa. - 9 de enero de 2011. La jueza Alaya abre el ‘caso de los ERE’
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el ‘caso Mercasevilla’ abre nuevas diligencias por malversación, prevaricación y tráfico de influencias al descubrir que hay más ‘intrusos’ en otros ERE para los que la Junta de Andalucía ha aportado dinero público. Un mes antes, en su declaración ante la Policía, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero calificó de «fondo de reptiles» la partida presupuestaria de la que salían estas ayudas que se distribuían presuntamente sin someterse a los controles legales. - 24 de abril de 2012. Prisión para ex altos cargos de la Junta
La jueza Alaya dicta prisión preventiva para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández como el autor intelectual del sistema de ayudas que ha permitido conceder dinero público sin fiscalización a varias empresas durante una década. Es el tercer imputado que ingresa en la cárcel tras Guerrero, que lo hizo el 10 de marzo, y su chófer, unos días después. Tanto Fernández como Guerrero salen de prisión meses después tras pagar sendas fianzas. El último volverá a ingresar y a salir de nuevo una segunda vez. - 20 de agosto de 2012. Una comisión de investigación sin conclusiones
Comienza en el Parlamento andaluz la comisión de investigación sobre los presuntos ERE ilegales. Por la cámara autonómica pasan varios de los ex altos cargos de la Junta ya imputados en ese momento -como Francisco Javier Guerrero y Antonio Fernández-, el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves. La comisión se cierra en noviembre de ese mismo año sin acuerdo. El informe final, que apunta al ex director general de Trabajo como responsable político directo, solo es apoyado por el PSOE. - 2 de julio de 2013. «Paso cualitativo» con nuevas imputaciones
La jueza Alaya asegura que ha «llegado el momento de dar un paso cualitativo» en la instrucción del caso de los ERE para «determinar la participación» de una veintena de cargos y ex altos cargos de la Junta, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez, a los que imputa. A Álvarez la cita a declarar como consejera de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004. Entre los nuevos investigados está también el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, cuyos informes habían advertido de las presuntas irregularidades. - 27 de agosto de 2013. Griñán dimite como presidente de la Junta
José Antonio Griñán dimite como presidente de la Junta de Andalucía tras 15 meses de legislatura para preservar al gobierno autonómico de la «erosión» del caso de los ERE. Será sustituido por Susana Díaz, entonces consejera de Presidencia. El 12 de septiembre es elegido senador por designación autonómica, pero dejará también este cargo político en junio de 2015, días antes de que el Supremo confirmara su imputación. - 10 de septiembre de 2013. Primer paso para imputar a Chaves y Griñán
La jueza de los ERE da el primer paso para imputar a Chaves y Griñán en los ERE aunque reconoce que ella no puede hacerlo al ser aforados en ese momento. De hecho tres meses después, la Audiencia de Sevilla anula el auto porque no se ajusta a derecho. El 19 de diciembre, Alaya vuelve a dictar un nuevo auto de ‘preimputación’ contra los expresidentes andaluces y cinco exconsejeros. - 13 de noviembre de 2014. El Supremo abre causa contra Chaves y Griñán
El Supremo decide investigar a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno por presunta prevaricación y malversación. El 17 de febrero de 2015 les cita a declarar como imputados. Chaves se desvinculó de los ERE: «Nunca he conocido ni impulsado ninguna ilegalidad». Griñán, por su parte, admite que hubo «un gran fraude» pero que no hubo un plan para ello y que él personalmente no recibió ningún informe de la intervención alertando de ilegalidades. El 25 de junio de ese mismo año, el alto tribunal confirma su imputación al ver indicios de prevaricación. Griñán había dejado su acta de senador días antes, pero Chaves dejará la suya de diputado tras conocerse esta decisión. - 16 de junio de 2015. Cambio de titular en el juzgado de los ERE
La jueza que impulsó la investigación del caso de los ERE desde el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla deja de ser la titular y es sustituida por la María Núñez Bolaños, aunque sigue de refuerzo antes de incorporarse a su nueva plaza en la Audiencia de Sevilla. - 30 de julio de 2015. La nueva jueza divide la causa en tres
La jueza María Núñez Bolaños divide la causa como pedía la Fiscalía en tres piezas: la llamada pieza política, que es la que ha sentado en el banquillo a Chaves y Griñán, sobre la creación y mantenimiento del sistema de ayudas; la pieza sobre las sobrecomisiones que supuestamente cobraron sindicatos y aseguradoras y que todavía está en fase de instrucción; y un tercer bloque con entonces más de 200 piezas por cada una de las ayudas bajo sospecha. - 1 de junio de 2016. Procesamiento de Chaves y Griñán
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla Álvaro Martín acaba la investigación referente a la llamada «pieza política» del caso de los ERE con el procesamiento de Chaves por prevaricación -un delito que no implica pena de cárcel- y de Griñán por prevaricación y malversación. El 4 de noviembre de 2016, el juez abre juicio oral. El 27 de abril de 2017, la Audiencia de Sevilla resuelve los últimos recursos y fija en 22 ex altos cargos de la Junta los acusados que se sentarán en el banquillo. - 13 de diciembre de 2017. Comienza el juicio de la «pieza política»
Siete años después de que empezara la instrucción del caso de los ERE, comienza en la Audiencia de Sevilla el primer juicio con 22 acusados en el banquillo, entre ellos Chaves y Griñán, el ex director general de Trabajo José Antonio Guerrero, varios exconsejeros andaluces -como Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías-, y el ex interventor general de la Junta. La Fiscalía pide penas de hasta 8 años de prisión y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación. Para Chaves pide 10 años de inhabilitación y para Griñán, 6 de cárcel y 30 de inhabilitación. El juicio quedó visto para sentencia un año después, el 17 de diciembre de 2018, con un acusado menos.
