Como recuerda Inmaculada González de Molina, este 26 de noviembre de 2020 en La Razón, subir o bajar impuestos se ha convertido en el eterno dilema entre la izquierda y la derecha.
¿Pero a quién aumentar o rebajar la carga fiscal? ¿A los que más tienen o a las rentas más bajas?
¿Qué hace la derecha en ese sentido? ¿Y la izquierda?
¿Qué gobiernos pueden retocar los impuestos?
En principio, todas las autonomías de régimen común, salvo País Vasco y Navarra donde las Diputaciones forales recaudan directamente todos los tributos, pueden rebajar o aumentar los tributos cedidos en su día por el Estado, así como los propios, en función de sus necesidades financieras.
A estas comunidades, el Estado les cedió totalmente la recaudación con capacidad normativa para fijar reducciones, tipos impositivos y bonificaciones de una cesta de impuestos, entre los que destacan Patrimonio y Sucesiones, figuras que ahora el Gobierno de Sánchez y ERC quieren armonizar en toda España. Además, les cedió parcialmente los ingresos y cierta capacidad de decisión sobre el IRPF y la recaudación, sin capacidad normativa, del IVA, Especiales y Sociedades. De ahí que, desde sus competencias, cada una adopte las medidas fiscales que le parezca más oportuno.
Como no puede ser de otra manera, sus decisiones repercuten directamente en el bolsillo de sus contribuyentes. Así, las comunidades autónomas gobernadas por fuerzas de derechas, como la madrileña, andaluza o vasca, son, por lo general, en las que menos impuestos se pagan.
Como botón de muestra, si usted vive en Madrid y hereda de sus padres un piso de 160.000 euros tributará por Sucesiones tan sólo 22 euros. Ahora bien, si vive en Cataluña, Asturias o Valencia su factura fiscal se multiplicará por cien, hasta los 2.200 euros.
Algo parecido ocurre con el resto de figuras impositivas. Por ejemplo, ¿cuánto abonará por IRPF si está soltero, es menor de 65 años y no tiene hijos a su cargo por unos ingresos del trabajo de 20.000 euros?
Si reside en Cataluña, su contribución a las arcas públicas se elevará a 2.511 euros. Mientras, si vive en Madrid, ascenderá a 2.2.69 euros, cifra que se sitúa por debajo de la media nacional. Algo parecido sucederá si es usted un trabajador soltero sin hijos con unas rentas de 30.000 euros. En Cataluña seguirá pagando por encima de la media nacional, 5.103 euros.
Ahora bien, si vive en la comunidad madrileña tributará a su Hacienda algo menos, en concreto 4.795 euros. Sin embargo, si tiene la fortuna de trabajar y residir en el País Vasco su factura fiscal será aún menor (4.793 euros). En este escenario, es paradójico que los independentistas catalanes no señalen a País Vasco como un paraíso fiscal, tal y como sí hacen con Madrid y, como en su día, fue denunciado por la propia Unión Europea por las vacaciones fiscales vascas a las empresas.
Curiosamente, esta tendencia se invierte a partir de las rentas del trabajo superiores a los 100.000 euros. Según los cálculos realizados por los economistas, los contribuyentes con ingresos de 110.000 euros provenientes exclusivamente del trabajo pagan casi 2.000 euros más en Madrid que en Cataluña por IRPF, con una factura fiscal de 38.548 y de 36.971 euros, respectivamente.
Por tanto, las clases medias y bajas tributan menos por renta en Madrid o País Vasco y más en comunidades, como la catalana. Pero ¿qué ocurre con el Impuesto de Patrimonio? Una vez más, tanto madrileños como vascos, residentes en Álava y Vizcaya, se benefician de bonificaciones del 100% para patrimonios de hasta 800.000 euros, sin tener en cuenta los 300.000 euros exentos de vivienda habitual.
Sin embargo, la Hacienda catalana no es la que más cobra, con 796,51 euros, sino Aragón con 1.164,37. Tampoco es Cataluña la autonomía en la que más se paga con unos ingresos de cuatro millones de patrimonio. En concreto, los catalanes que cuentan con un patrimonio de esta nada desdeñable cifra abonan 41.944 euros, frente a los 59.919 que pagan los extremeños, la cuantía más alta de todas las comunidades.
Por si fuera poco, los residentes en Cataluña tampoco son los que más tributan si cuentan con patrimonios de 15 millones. Para este tramo, Extremadura continúa a la cabeza en el ranking de los contribuyentes que más tributan, con prácticamente el doble que en Cataluña. Y eso es así pese a que ambas autonomías están gobernadas por formaciones de izquierdas.
El Impuesto de Sucesiones es otro de los tributos más polémicos en el modelo de financiación autonómica actual. Algunas autonomías han aplicado su capacidad normativa suprimiéndolo prácticamente, como Madrid, y otras, como Cataluña, Asturias o Valencia, gravan sobremanera una herencia de padres a hijos de clases medias.
Por ejemplo, un heredero de un piso valorado en 160.000 euros si vive en Madrid paga 22 euros, pero si hereda en Cataluña tiene que ingresar a Hacienda cien veces más. Algo parecido ocurre si se trata de un contribuyente soltero de 30 años cuya herencia de sus progenitores asciende a 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido: no pagará nada en Cantabria, Galicia y Andalucía, en esta última comunidad desde que Ciudadanos entró en el Gobierno de Susana Díaz.
Mientras, en Madrid abonará 1.586 euros y en Cataluña, 9.797. Esta cifra se sitúa muy por debajo de la minuta que pasa Asturias de 103.135 euros. La historia se repite con el Impuesto de Actos jurídicos Documentados. Escriturar la compra de un piso de 150.000 euros cuesta 750 euros en Navarra y País Vasco. Mientras, en Madrid, que ocupa el octavo lugar en donde menos se paga, se eleva a 1.125 euros y en Cataluña a 2.250 euros.
