CONEXIÓN QUILOMBO

Fidel Molina (SOS Hostelería): «Estamos desesperados, nos suben impuestos y nos quieren apagar las tragaperras»

Los hosteleros valencianos han pedido la intervención de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM), que depende de la Vicepresidenta Tercera y Ministra de Economía del Gobierno de España, para evaluar si la Ley 1/2020 de 11 de junio, Reguladora del Juego y de la Prevención de la ludopatía en la Comunidad Valenciana, “establece obstáculos o barreras a la Unidad de Mercado”.

Convencidos de que la ley del juego impone restricciones a la unidad de mercado, SOS Hostelería ha reclamado la intervención del Gobierno de España para que declare que algunos artículos de esta vulneran la normativa estatal sobre la unidad del mercado.

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, Fidel Molina, presidente de SOS Hostelería, cuenta cuáles son las acciones que están realizando en este momento para aguantar las asfixiantes restricciones que ha aplicado el Gobierno sobre la hostelería.

La ley del juego de la Comunidad Valenciana obliga a las máquinas tipo B, instaladas y en funcionamiento en locales de hostelería, a contar con un sistema de activación y desactivación por control remoto. Entre utilización y utilización de la máquina, ésta debe de permanecer desactivada.

Esto es muy perjudicial para los locales porque estas máquinas generan entre 600 y 800 euros de ingresos extra para el bar. «Como por casualidad la máquina no esté desactivada cuando alguien vaya a jugar puede ocasionar una seria multa para el bar».

«Nos hacen responsables de los clientes que usan las máquinas tragaperras cuando no existe ni una sola acta de menor jugando con estas máquinas después de más de 60.000 inspecciones»

«30.000 valencianos pueden perder sus empleos antes de Semana Santa»

«Han desaparecido 8.000 locales de hostelería desde el inicio de la pandemia. Si empleaban a 3 o 4 personas, pues sacar cuentas de la gente que ha perdido sus empleos. Hemos perdido 1000 millones de euros de facturación y en Navidades se dejarán de contratar a 10.000 personas»

SOS Hostelería recuerda que el Tribunal Constitucional ha reiterado en varias ocasiones que “los poderes públicos tienen que velar para que cualquier medida que adopten no tenga como efecto la creación de obstáculos a la libertad de circulación o signifique una barrera a la unidad de mercado”.

«La venta de cerveza ha bajado un 25 y 30 por ciento. El consumo en botella de cristal ha bajado un 40 por ciento»

En consonancia con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, Fidel Molina ha denunciado que la ley valenciana del juego “obstaculiza directamente la igualdad de las condiciones básicas del ejercicio de la actividad económica dentro del mercado conculcando su unidad”.

Molina considera que “los fabricantes de máquinas de juego de tipo B y de apuestas que actúan en todo el territorio nacional se verán imposibilitadas de poder comercializar sus máquinas de juego de tipo B y de apuestas en la Comunidad Valenciana a pesar de estar homologadas en las distintas Comunidades Autónomas ya que, al exigirse el sistema de activación-desactivación para dichas máquinas, se imposibilita, de hecho, su comercialización en la Comunitat Valenciana”.

SOS Hostelería se ha hecho eco también de las reivindicaciones de los salones de juego y, en este sentido, en relación a la prohibición de éstos de instalarse a menos de 850 metros de un centro educativo o a menos de 500 metros de otro salón, Molina ha denunciado que dicha prohibición “obligará a la mayoría de salones de juego a cerrar sus puertas en los próximos cinco años”.

Recuerda que “estamos analizando una actividad, la de los Salones de Juego, sobre la que ya existe una fuerte intervención administrativa, con unos requisitos muy concretos exigidos a dichos Salones de Juego y a los propios jugadores, en relación con elementos como la identificación de los usuarios, la seguridad de los juegos y los jugadores, las condiciones de los locales, la publicidad, etc.

“Por tanto, -señala el documento presentado por SOS Hostelería- tanto la LGUM como la Jurisprudencia del TJUE, establecen que el principio de proporcionalidad exige que la medida sea adecuada para garantizar la realización del objetivo que pretende lograr y que no vaya más allá. En el caso que nos ocupa, -señala- una medida como la aquí cuestionada no resulta adecuada, dado que ya existe una regulación pormenorizada en cuanto a la operación de Salones de Juego”.

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Autor

Luis Balcarce

Desde 2007 es Jefe de Redacción de Periodista Digital, uno de los diez digitales más leídos de España.

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