La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica se enfrenta a una nueva demanda por prevaricación.
Un juez ha admitido a trámite la querella, relacionada con decisiones controvertidas sobre el sector energético.
Su gestión y la de su equipo en la política energética está en el ojo del huracán, y no es la primera vez que su nombre aparece en asuntos legales.
Esta nueva querella añade más leña al fuego de los problemas legales que ya rodean a Ribera.
Las decisiones que ha tomado en el ámbito energético han generado muchas críticas y, ahora, esta demanda podría complicar aún más su situación. La prevaricación implica que un funcionario toma decisiones injustas a sabiendas de su ilegalidad, lo cual es un asunto serio.