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Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo con uno de los principales acreedores internacionales de las renovables, según el cual el Gobierno busca evitar sanciones millonarias derivadas de disputas legales por los recortes de las renovables.
Este pacto, que es una autentica «bajada de pantalones» después de haber gastado millones de euros en defender lo indefendible, refleja la presión a la que se enfrenta España por los laudos internacionales, que son de obligado cumplimiento para todos los países serios.
La Moncloa se ha visto obligada a negociar para minimizar el impacto que estaban teniendo los continuos embargos a intereses españoles en el extranjero.
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