El pasado 28 de abril, España y Portugal vivieron un apagón eléctrico sin precedentes: en apenas cinco segundos, el sistema perdió 15 gigavatios, cerca del 60% de la demanda nacional, dejando a millones de ciudadanos y empresas a oscuras durante horas. Las consecuencias fueron inmediatas: caos en los transportes, interrupción de servicios básicos y enormes pérdidas económicas. Pero lo más grave ha venido después, con una batalla abierta entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las grandes eléctricas.
La crisis energética ha puesto en evidencia las tensiones latentes entre los principales actores del sector. Las eléctricas, encabezadas por Iberdrola, Endesa y Naturgy, han reaccionado con dureza ante los intentos del Gobierno de señalarles como responsables directos del desastre. Mientras tanto, desde Moncloa se exige transparencia total y se han desplegado medidas inéditas, como la intervención del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en las sedes de las compañías para recopilar datos sobre el incidente.
¿Qué ocurrió realmente? Un sistema al límite
La secuencia técnica del apagón ha sido objeto de debate. Según los primeros análisis de Red Eléctrica, el origen estuvo en una desconexión masiva de plantas generadoras —principalmente solares— en el suroeste peninsular. Dos incidentes consecutivos, en apenas 1,5 segundos, desencadenaron una reacción en cadena que dejó a la red sin capacidad para estabilizarse. Sin embargo, expertos independientes y representantes del sector insisten en que hubo avisos previos sobre problemas de tensión e inestabilidad que no fueron atendidos adecuadamente por el operador del sistema.
Estas son algunas claves técnicas del suceso:
- Desaparición súbita de 15 GW de potencia.
- La caída representó el 60% de la demanda nacional.
- El colapso duró varias horas en diferentes regiones.
- No hubo fenómenos meteorológicos extremos ni ciberataque confirmado.
- La recuperación se apoyó en centrales hidroeléctricas y ciclos combinados de gas.
El propio director técnico de Red Eléctrica ha reconocido que “no son conclusiones definitivas” y que es necesario esperar a los informes independientes para determinar la causa exacta.
El cruce de acusaciones: Gobierno vs. eléctricas
Tras el apagón, Pedro Sánchez adoptó una postura firme: convocó a todos los operadores privados a una reunión urgente en Moncloa y anunció la creación de una comisión especial para investigar lo ocurrido. El mensaje fue claro: “Vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados”. Además, se ha solicitado la entrega inmediata de todos los registros técnicos —la llamada “caja negra” del apagón— para su análisis exhaustivo.
Por su parte, las grandes eléctricas han respondido con desconfianza y malestar. Consideran que el Ejecutivo está tratando de desviar la atención sobre posibles fallos estructurales o políticos señalando al sector privado como chivo expiatorio. Desde las compañías se exige claridad sobre por qué no se atendieron los avisos previos ni saltaron las medidas automáticas de protección ante oscilaciones peligrosas en la red.
En palabras del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán: “La responsabilidad última es del Gobierno”. Mientras tanto, desde sectores políticos afines al Ejecutivo se ha llegado incluso a proponer la nacionalización total o parcial de la red eléctrica para evitar situaciones similares.
Debates abiertos: modelo energético y seguridad
El apagón ha reavivado debates cruciales sobre el modelo energético español:
- ¿Es sostenible una transición tan acelerada hacia renovables intermitentes sin suficiente respaldo?
- ¿Se han subestimado los riesgos técnicos asociados a la descarbonización rápida?
- ¿Falla la comunicación entre empresas generadoras, distribuidoras y organismos públicos?
- ¿Debe revisarse el marco regulatorio para garantizar una mayor seguridad y fiabilidad?
Un informe independiente elaborado por economistas y expertos nucleares advierte que la excesiva dependencia de fuentes intermitentes como solar y eólica aumenta la vulnerabilidad del sistema eléctrico español frente a perturbaciones inesperadas. Por su parte, organizaciones pro-renovables insisten en que no existen pruebas definitivas que incriminen a ninguna tecnología concreta como causa principal; más bien señalan a un fallo sistémico cuya responsabilidad debe compartirse entre todos los actores implicados.
Transparencia pendiente y efectos sociales
Mientras prosiguen las investigaciones oficiales —tanto a nivel estatal como europeo—, crecen las demandas ciudadanas por una explicación convincente. La falta de información clara ha alimentado rumores sobre sabotajes, ciberataques e incluso teorías conspirativas. Sin embargo, hasta ahora todos los informes técnicos descartan causas externas o humanas deliberadas, inclinándose hacia un fallo complejo aún no resuelto totalmente.
El impacto social es incuestionable:
- Cientos de hospitales tuvieron que operar con generadores auxiliares.
- Miles de empresas sufrieron pérdidas por paros productivos.
- Los servicios digitales y las telecomunicaciones colapsaron parcialmente.
En paralelo, surgen propuestas políticas para reformar tanto la gobernanza energética como los protocolos frente a emergencias nacionales.
Un pulso abierto sin precedentes
La crisis ha dejado patente algo esencial: la fragilidad inherente del sistema eléctrico español en momentos críticos. Pero también ha evidenciado un clima político crispado donde Gobierno central y grandes empresas parecen más preocupados por proteger sus respectivas imágenes que por cooperar eficazmente ante un reto nacional.
El desenlace aún está abierto. Mientras tanto, millones de españoles esperan respuestas claras… Y garantías firmes de que un apagón así no volverá a repetirse.
